Milenio Digital
CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Lucero Sánchez, quien es investigada por supuestos nexos con Joaquín 'El Chapo' Guzmán,  dijo que comparecerá por escrito ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para responder a las imputaciones por las que el Ministerio Público pide su desafuero.

"Será por escrito. Se va a manifestar por escrito. Esto lo están analizando mis abogados, estamos en ver qué va a pasar, me están acusando injustamente, yo soy inocente. Me declaro inocente de todo, todavía falta el proceso y hacia eso vamos a ver qué es lo que prosigue y qué decide la autoridad", dijo en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión.

La legisladora dijo que debido a las acusaciones contra ella por presuntamente tener vínculos con Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha recibido amenazas de personas que quieren saldar cuentas con ella.

"He recibido muchas llamadas anónimas en que me amenazan por toda esta situación y no tengo tranquilidad con mis hijos, mi mama está gravemente enferma. Me comentan que ellos tienen deudas con este señor, con Joaquín, y ellos se las quieren cobrar conmigo, estamos siendo víctimas mis hijos y yo de una atrocidad que no merecemos, esto se llevó a cabo por los medios de comunicación cuando en la PGR no tenía una averiguación abierta", dijo.

La diputada aseguró que no es la persona que aparece en los videos de seguridad del penal de el Altiplano, por lo que se dijo inocente del delito de portación de documentos falsos, sin embargo, se negó a responder si conoce al narcotraficante.

"Esa pregunta por el momento no se la puedo decir ya que voy a ratificar mi declaración ante la PGR y eso entorpecería el proceso que estamos llevando a cabo", dijo.

El diputado priista Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, informó que el plazo para la comparecencia de Sánchez vence a la medianoche del viernes y que el sábado la Cámara de Diputados abrirá un periodo de 30 días naturales para la recepción y desahogo de las pruebas que decidan aportar las partes, es decir, la Procuraduría General de la República y Lucero Guadalupe Sánchez.