Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Mauricio Moreno Vargas, magistrado en la primera sala colegiada civil de Tlalnepantla, Estado de México, fue denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por amenazas contra una persona a la que representó en un divorcio.

La acusación la presentó Carlos Alfredo Celis Perdomo, quien entregó como prueba los mensajes de correo electrónico que intercambió con el magistrado.

El demandante reclamó al magistrado por no avisarle que su defensa quedó en manos de su hijo Mauricio Moreno Balbuena, egresado de derecho de la Universidad Anáhuac.

La queja comenzó porque el hijo del impartidor de justicia supuestamente no lo enteró sobre la existencia de un departamento en Acapulco a nombre de su esposa, que es motivo de disputa en el juicio civil.

El denunciante declaró que Moreno Vargas llevó su defensa, pero cuando lo nombraron magistrado, en febrero de este año, dejó el caso en manos de su auxiliar, la abogada Claudia Morales Correa, quien siempre buscó la asesoría del magistrado.

Como la litigante se embarazó, el caso pasó a manos de Moreno Balbuena. Celis Perdomo mencionó que como gastos de representación pagó 90 mil de 100 mil pesos; el problema surgió cuando pidió los documentos sobre el departamento en Acapulco.

“Le requiero los papeles para confirmar la existencia de un departamento en Acapulco, información que tuvo que ser solicitada a las oficinas de Chilpancingo, Guerrero, trámite que supuestamente realizó su despacho desde noviembre de 2012, cuando su hijo Mauricio Moreno Balbuena (fue quien) no recogió los papeles.

“He tenido que volver a hacer los trámites con otro abogado y los costos los estoy pagando yo, debiendo ser él, su despacho o su hijo, el (que debe) cubrirlos, más los nueve meses que se ha tardado en realizarse un trámite. ¿Se imaginan nueve meses para recuperar un documento?”, manifestó a MILENIO.

Celis Perdomo reclamó al magistrado, porque su hijo no obtuvo la documentación; no obstante, la respuesta de Moreno Vargas fue que volviera hacer el trámite.

“No estuve de acuerdo y volví a reclamar, pero el magistrado, en un correo electrónico, me dice que con él no me meta y que si me meto con su hijo, me parte la madre. Yo no pedí que estuviera su hijo, él lo metió, dado el embarazo de su ayudante en la Anáhuac, la licenciada Claudia Morales Correa, quien inicialmente atendió el juicio a nombre y con la asesoría de él.”

El afectado declaró que el inmueble de Acapulco forma parte del juicio de divorcio, donde él está reclamando parte del mismo.

El magistrado es coordinador académico de derecho en la Universidad Anáhuac Norte y exsecretario del Consejo Empresarial para la Reinserción Social.

“Él como profesional y abogado que me representa no puede ni debe amenazarme, y menos si les estoy pidiendo los papeles del juicio; está obligado a entregarlos, ya que además no hay pago pendiente al respecto.

“Ya le he entregado 90 mil pesos; él se había comprometido a gastar 100 mil en todo el juicio y darme los recibos de honorarios con requisitos fiscales para poder proceder a cobrarlos.”

Derecho de réplica

MILENIO quiso saber la opinión del magistrado y llamó a su despacho, Bosques de las Lomas (DF), pero sus colaboradores dijeron que no se encontraba y que se le llamara otro día para preguntarle sobre la denuncia.

La denuncia contra el magistrado quedó registrada bajo el número de averiguación previa FMH/URI/MH-5/T3/344/13-08 por el delito de amenazas.

Mauricio Moreno fue el segundo abogado en este juicio de divorcio, que lleva seis años en curso; comenzó a trabajar en 2010 y en 2011 tramitó un juicio de amparo que fue favorable.

Caso Pimentel

Hace unos meses se conoció el caso del el expresidente de la Suprema Corte de la Justicia Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, que fue acusado de presunto "tráfico de influencias", por meter a la cárcel a la madre de sus hijos (dos y con problemas de autismo) Ana María Orozco Castillo, por el delito de “fraude”.

Se pudo observar la rapidez con la que jueces del Distrito Federal -con los que Góngora Pimentel tendría amistad- resolvieron encarcelar a la señora, quien lo había denunciado por no otorgar una pensión alimenticia a sus hijos, lo cual inició un conflicto legal.

Góngora Pimentel recibe como jubilación más de 350 mil pesos mensuales. Sin embargo “le daba lo que quería” a su expareja para los gastos de los niños.

La ley indica que debía pagar una pensión de 35 por ciento del salario del exministro pero, esto jamás se ejecutó porque Góngora apeló de inmediato y finalmente se redujo la cantidad de pensión a 50 mil pesos mensuales.