La Marina de México manipuló de forma activa y ocultó pruebas relacionadas con la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Pero no sólo eso: también participó en la construcción de la llamada “verdad histórica” que el gobierno dio por real, y resultó ser falsa.

Estas fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de revisar documentos, videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años.

Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso.

Ante las nuevas evidencias difundidas el lunes, el jefe de la unidad de comunicación social de la Secretaría de Marina, contralmirante José Orozco, dijo a la AP que “vamos a investigar al interior” del cuerpo las informaciones y videos presentados por los expertos.

Orozco indicó que hasta el momento sólo tienen conocimiento de que buzos de la Marina participaron en las búsquedas en un río donde se reportó que habrían sido llevados los estudiantes, y agregó que “no tenemos registro” de que miembro de otras unidades intervinieron en el caso, pero sostuvo que “vamos a buscarlo”.

En la presentación del 3er informe del #GIEI #Ayotzinapa el Primer Vicepresidente de la #CIDH @StuardoRalon reiteró su compromiso con los estudiantes desaparecidos y las familias para contribuir a garantizar la verdad y justicia. #DerechosHumanos pic.twitter.com/hrXyGVm84m

— CIDH - IACHR (@CIDH) March 28, 2022

Ejército tenía información sobre el caso Ayotzinapa… pero no lo compartió

El informe también indica que el ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.

Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares.

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino de Cocula, y tiró los restos a un río cercano.

🚨⚠ ATENCIÓN #ÚLTIMAHORA #Ayotzinapa

Video que mostró GIEI muestra como elementos de la Marina y el Procurador de Justicia de ese momento, Murillo Karam estuvieron en el basurero de Cocula ANTES de la llegada de la PGR, la Sedena y el Equipo Argentino de Antropología Forense pic.twitter.com/ZUb9tTF7Ry

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 28, 2022

Militares hicieron fuego al basurero de Cocula

Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.

Los expertos mostraron videos de un dron entregados por la Secretaría de Marina donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.

Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas.

Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el ejército había dicho que en ese lugar no había nada.

El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió.

La existencia de tortura, corroborada por la CIDH y la ONU, llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas. Ahora el grupo tuvo acceso a 60 videos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática.

El entonces jefe principal de la investigación, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada. México ha pedido su captura y extradición pero todavía está pendiente.

Sobre el móvil del caso Ayotzinapa, no hay nuevos datos.

El anterior gobierno barajó que se confundió a los estudiantes con delincuentes o que estaban infiltrados por el crimen, pero este punto no se ha probado. La actual fiscalía general dijo en 2020 que todo se enmarca en el tráfico de drogas y la protección que el cártel local tenía de los funcionarios.

Autoridades mexicanas y estadounidenses tienen documentado el tráfico de heroína de Iguala a Chicago en autobuses como los que intentaron tomar los estudiantes. Los expertos de la CIDH denunciaron la existencia de un autobús que podía ser sospechoso de tal tráfico pero esta línea nunca se investigó y los archivos militares no tienen información al respecto.

Los padres de los estudiantes denunciaron que se quiso cerrar en falso el caso e insistieron en investigar al ejército.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

El grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain y que lleva investigando el caso desde 2015, aseguró que ahora la colaboración de las autoridades es mayor, pero que sigue habiendo bloqueos. La Marina, por ejemplo, negó al fiscal encargado del caso la existencia del video del dron que sí les facilitó a ellos. 

(Con información de Associated Press)