México anunció una reforma constitucional con el objetivo de fortalecer su soberanía y evitar cualquier injerencia externa en asuntos de seguridad y justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta medida responde a la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración de Donald Trump, lo que podría abrir la puerta a intervenciones militares extranjeras.

En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que toda acción contra el crimen organizado debe regirse por la cooperación y coordinación bilateral, respetando la soberanía mexicana. 

“Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía… esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”.

La reforma establece que ninguna investigación o persecución de delitos podrá realizarse sin la autorización expresa del Estado mexicano y dentro del marco legal vigente. Además, se prohíben las intervenciones extranjeras por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Las restricciones a la actuación de agentes extranjeros en México, impuestas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ya exigían un control estricto sobre sus actividades. Sin embargo, la nueva reforma busca elevar estas limitaciones al rango constitucional, asegurando su permanencia y dificultando su modificación en el futuro.

Otro punto clave de la reforma es el endurecimiento de penas para el tráfico de armas. Se establece que cualquier persona—nacional o extranjera—involucrada en la fabricación, distribución, traslado o introducción ilegal de armas al territorio mexicano recibirá la pena más severa posible y enfrentará prisión preventiva. 

Dado que más del 70% de las armas utilizadas por los cárteles provienen de Estados Unidos, la medida parece estar dirigida principalmente a ciudadanos de ese país.

Además, el gobierno mexicano ampliará la demanda interpuesta en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas, acusándolos de complicidad con el crimen organizado. Esta acción busca responsabilizar legalmente a las empresas que abastecen a los grupos delictivos en México.

Con información de AP