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Ciudad de México.- Ser uno de los países más confiables para invertir en América Latina, las cifras macroeconómicas y un balance primario positivo alejan, por ahora, a México de la bancarrota.

De acuerdo con RT, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había soltado la bomba. El lunes 17 de septiembre quién será el próximo presidente dijo: "México está en bancarrota". Lo hizo durante una gira de agradecimiento por el estado de Nayarit, al oeste del país, y lo reiteró un día después.

Ahí, desde lo alto de un escenario López Obrador aseguró ante la gente que no ha habido crecimiento económico en México durante 30 años consecutivos y que, por ello, le será imposible cumplir todas las demandas de la población durante su próxima Presidencia, aunque dejó en claro que sus promesas de campaña están garantizadas.

Entre las promesas de López Obrador están impulsar el sector agropecuario, pesquero y forestal de México; renovar seis refinerías de hidrocarburos y la construcción de dos más; que no subirá los impuestos ni la deuda pública; una beca mensual para 300 mil universitarios de familias de escasos recursos de 2.400 pesos mensuales, entre otras.

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También dijo que si durante su Gobierno hay desequilibrio macroeconómico o inflación será por circunstancias externas o por el mal manejo del Banco de México, banco central, y no por el Gobierno de la República. En seguida llegaron las críticas, la más recurrente que López Obrador justificaba a priori que no va a cumplir en un escenario en que el Gobierno saliente presume finanzas públicas "sanas" y calificaciones de riesgo-país buenas, que sería lo contrario a una bancarrota.

En esto coincide el analista político Jorge Aljovín al señalar que las cifras macroeconómicas han dado muestra de que México es un país responsable, se remite a los indicadores de las calificadoras internacionales, como Moody's, que sitúa a México solo por debajo de Chile como uno de los países más confiables para invertir en América Latina y establece la calificación del país en 'A3'. Lo mismo apunta una encuesta publicada por la firma global de servicios legales Baker McKenzie que sitúa a Chile, Brasil y México como los países favoritos para futuras inversiones en la región.

En opinión de Moody's existe una baja probabilidad de que la siguiente administración debilite las tendencias económicas y fiscales mediante cambios bruscos de política.

Aljovín refiere que México está en una situación diametralmente distinta a la de países de la región como Venezuela o Argentina, actualmente con serias crisis económicas, y que el diagnóstico de López Obrador fue equivocado en el sentido de que hablar de bancarrota sería aplicable para un país que no puede hacer frente a sus obligaciones, "que tiene problemas que son insuperables, como Venezuela que tiene una crisis humanitaria".

Sin embargo, para Marina Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del reconocido centro de análisis México Evalúa, el manejo que se ha venido dando a las finanzas públicas de México encamina a una bancarrota. "México no está en bancarrota, pero de seguir manejando las finanzas públicas como se ha hecho en los últimos 10 años, sí creo que lo pueda estar más pronto que tarde. Creo que hemos estado en ese camino mucho tiempo, pero aún no hemos llegado a ese lugar y estamos a tiempo de hacer girar el volante", apunta.

Para Jonathan Heath,  el análisis de la economía mexicana, lo que el presidente electo de México quiso decir es que gastará hasta donde le alcance los ingresos.

"Si los recortes e intentos de austeridad, junto con la reorientación del gasto, no resultan suficientes para financiar todo lo que busca, que no quede duda, habrá que recortar el gasto. No habrá más deuda ni impuestos nuevos. En otras palabras, los números sí van a cuadrar y no será sacrificando la estabilidad, sino más bien mediante un gasto más moderado", escribió el especialista en un análisis para el periódico mexicano Reforma.

En este sentido, explica Campos, actualmente el balance primario de México –el cual muestra la postura fiscal (ingresos menos gasto) sin incluir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el Gobierno Federal–, es positivo aunque muy poco, con base en las últimas cifras de la Secretaría de Hacienda, encargada de la administración pública federal de México, dadas a conocer el 30 de agosto pasado.

Campos ahonda sobre que el balance primario de México fue positivo, de un tamaño igual al pago de intereses y amortización, hasta 2008 al estallar una crisis internacional que quebró el sistema financiero mundial y en la que mucho gobiernos quebraron.

Desde entonces, no se han recuperado las finanzas públicas de México, pues, añade, no se hicieron los ajustes de gasto que se tenían que hacer y se siguió gastando.

"El balance primario comenzó a corregirse de manera definitiva hasta 2017, fue de 317.000 millones, y por primera vez volvió a ser positivo desde 2009. Eso significa que el gobierno mexicano se endeudaba para pagar sus propios intereses de la deuda, es como si pagas una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito", explica.

El panorama financiero al que se enfrentará López Obrador

En la administración que está por terminar, al mando del presidente Enrique Peña Nieto, el pago de intereses y comisiones de la deuda pública se ha incrementado, además de que continuos recortes han llevado a reducir la inversión pública en infraestructura.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda de México, en los primeros siete meses del año se ha destinado un total de 367.492 millones de pesos en inversión pública en infraestructura, la cual comprende la construcción y conservación de obra pública. Este monto representa un 11,4 % del gasto total. En tanto, para cubrir el costo financiero, es decir el pago de intereses y comisiones de la deuda pública, se han destinado 364.385 millones de pesos, un 11,3 % del total del gasto.

A nivel de América Latina, México, junto con Guatemala, es uno de los países con el menor nivel de inversión pública en infraestructura como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con base en información de un estudio reciente del Banco Mundial.

Campos destaca que en los últimos cinco años la administración pública de México se endeudó bastante, es decir, se adquirió mayor deuda durante el gobierno de Peña Nieto que con el de sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox. "Fue un sexenio en que aumentó 10 puntos porcentuales la deuda y al mismo tiempo se desplomó la inversión 2 puntos del PIB, refiere.

La deuda del Gobierno Federal mexicano se integra por las obligaciones financieras contraídas por los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados; además de las obligaciones contraídas por algunos órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Derivado de la suma de todas las obligaciones financieras contraídas al 30 de junio de 2018, la deuda neta del Gobierno Federal ascendió a casi 8 billones, cifra superior en 403.304 millones de pesos respecto al saldo registrado al término de 2017, cuando se ubicó en algo más de 7,5 billones, con base en datos de la Secretaría de Hacienda recogidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dependiente de la Cámara de Diputados.

Los retos financieros para México

Para evitar llegar a la bancarrota de la que habló López Obrador, para el próximo gobierno –que estará a su cargo a partir del 1 de diciembre de 2018– va a ser muy importante una reasignación del gasto público, con medidas como la evaluación del diseño y capacidad de impacto de programas presupuestarios, principalmente programas sociales, para eliminar aquellos que no funcionan, además de controlar el endeudamiento, recomienda Mariana Campos.

Asimismo, exhorta Aljovín, el Congreso de México debe establecer mecanismos de control para ver que los recursos sean usados eficientemente y se cumpla efectivamente con los propósitos de las 11 reformas estructurales que se iniciaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para el analista, el incumplimiento de los beneficios de las reformas estructurales es el gran saldo que deja el gobierno saliente, con buenas intenciones que no se materializaron en seis años. "Me parece que puede ocurrir lo mismo con López Obrador si no se toman con responsabilidad. Vemos, por ejemplo, la Ley de Austeridad, que impulsa el gobierno que está por entrar, pero si no le damos seguimiento es probable que en los próximos años nos estemos lamentando una vez más".