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CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades mexicanas son señaladas de negar información a migrantes provenientes de Centroamérica sobre la solicitud de asilo, por lo que fueron deportados hacia sus países natales de manera ilegal, así lo anunció Amnistía Internacional.

De acuerdo al portal Forbes, migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza son obligados a regresar a sus países, ya que autoridades les niegan asilo o información para acceder a convenios internacionales de protección firmados por México, dijo este martes Amnistía Internacional (AI) en un informe.

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AI detectó que en 75% de los 500 testimonios recabados, las personas detenidas por autoridades migratorias no fueron informadas de que tenían derecho a solicitar asilo y otros fueron deportados contra su voluntad.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) incumple sistemáticamente el principio de no devolución (…) pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos”, dijo AI en su informe.

“Yo tuve que salir huyendo de mi país después de que asesinaron a mis dos hijos y a mi hermano. Venía con la esperanza de que en México iba a tener un refugio pero no”, confesó Emilia, una salvadoreña cuyos familiares murieron en los últimos años.De acuerdo a datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR), en 2017 se recibieron 14,596 solicitudes de refugio de países como Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba y Guatemala. De estas solamente 7,779 se encontraban en trámite hasta octubre.

México incumple de manera habitual la obligación que le impone el derecho internacional de proteger a quienes necesitan protección internacional y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement)

Lea el informe completo https://t.co/6nCbgNKoWW pic.twitter.com/29DmGslmnH

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) 24 de enero de 2018

Cada año, miles de centroamericanos, sobre todo aquellos que provienen del denominado “Triángulo Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), huyen de la violencia extrema de sus países buscando cruzar a Estados Unidos o bien quedarse en México para solicitar protección.

En muchos casos son capturados por grupos delictivos en México, en su trayecto a la frontera con Estados Unidos, donde han sido asesinados o víctimas de otros delitos.

Migración niega deportación arbitraria 

El Instituto Nacional de Migración (INM) negó tener una política de deportación masiva y arbitraria de centroamericanos, aunque aceptó que existen áreas de oportunidad en su información a los migrantes, publicó Milenio.

"El INM realiza la devolución de personas del llamado triángulo norte de Centroamérica, con base en las disposiciones que el Estado mexicano ha negociado con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, contemplando una repatriación digna, ordenada y segura y no como un principio de deportación masiva o arbitraria como suele señalarse", informó el instituto en un comunicado.

Contra la tradición
México está dando la espalda a miles de migrantes centroamericanos, según Amnistía Internacional. Esta política contraviene nuestra tradicional política exterior, antes ejemplar. pic.twitter.com/BPt7Az00E3

— Universidad Obrera (@UOM_VLT) 23 de enero de 2018

El INM respondió así al informe de la organización que concluye que las autoridades mexicanas obligan de manera habitual a miles de personas procedentes de centroamérica a regresar a sus países de origen sin considerar los riesgos para su vida y su seguridad, en ocasiones en franca violación al derecho internacional.

El Instituto recordó que al ser un país de tránsito, origen y destino de migrantes, México ha conformado desde 2013, procedimientos permanentes de protección a los derechos humanos de todos los extranjeros y principalmente de aquellos que por condición de vulnerabilidad solicitan el refugio en nuestro país.

De acuerdo con el informe de la organización, el incumplimiento del gobierno mexicano puede costar la vida o poner en riesgo la seguridad de las personas que son obligadas a regresar a un país del que salieron huyendo.