Un tribunal federal mexicano decidió cambiar la medida cautelar de prisión para ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa, permitiéndoles ahora seguir su proceso en libertad, según informó el abogado de las víctimas.

Los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en el sur de México en 2014, conocido como caso Ayotzinapa, habían sido liberados a principios de año pero luego fueron detenidos nuevamente. Después de un mes de audiencias, el tribunal determinó que podrán seguir el proceso fuera de la cárcel si pagan una fianza y se presentan periódicamente en los juzgados, explicó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que representa a los padres de los jóvenes desaparecidos.

Estas decisiones judiciales han sido cuestionadas por las víctimas sobre la manera en la que se está desarrollando la investigación. El Centro Prodh señaló en sus redes sociales que este cambio de medida muestra el criterio "parcial y sesgado" de un juzgado y cómo el poder militar está complicando el acceso a la justicia y el esclarecimiento del caso, alegando que la Secretaría de la Defensa Nacional está litigando a favor de los militares involucrados y se niega a entregar documentos que podrían ayudar a la investigación.

Aunque han pasado casi diez años desde la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Ayotzinapa, aún no se conoce ni el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos. Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína, en colaboración con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.

Expertos internacionales y abogados de las víctimas aseguran que hay evidencias de que la participación de los militares fue mayor a la reconocida por las autoridades y critican que el Ejército siga ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

El caso cuenta con decenas de detenidos, incluido el ex procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien está acusado de obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. Sus abogados lograron que un juez le concediera el beneficio de prisión domiciliaria en abril debido a su estado de salud y su edad avanzada.

La relación entre el presidente López Obrador y los padres de los estudiantes se ha vuelto muy tensa, ya que los familiares se sienten traicionados por el mandatario, quien les prometió averiguar toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos y el caso aún no se ha resuelto.