La ministra Loretta Ortiz aceptó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Oposición, cuestionando la reforma legal que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma establece que unos 40 mil millones de pesos acumulados en las Afores inactivas de personas mayores de 70 años para el régimen del IMSS, y de 75 años para el ISSSTE, se transfieran al FPB, lo cual se ha señalado como una medida expropiatoria por parte de la oposición.

Ortiz ha pedido tanto al Congreso como al Ejecutivo que presenten sus informes pertinentes, sin que la admisión de esta acción afecte la vigencia de la reforma en cuestión.

La oposición solicitó a la Corte que invalide el decreto publicado el pasado 30 de abril. Esta reforma pretende complementar los ingresos de quienes se jubilen bajo el régimen de las Afores, con el objetivo de que reciban al menos el salario promedio de cotización del IMSS, actualmente unos 16 mil pesos mensuales.

Sin embargo, la implementación del Fondo enfrenta desafíos significativos. Algunos jueces han otorgado suspensiones para proteger los recursos acumulados en Afores individuales, aunque la mayoría de los amparos han sido rechazados o se han negado las suspensiones debido a que los demandantes no han demostrado pertenecer al grupo que podría verse afectado.

Además, las fuentes de financiamiento adicionales para el Fondo de Pensiones del Bienestar son inciertas. Estas incluyen la extinción de fideicomisos judiciales con un saldo de 16 mil millones de pesos, una medida bloqueada por la corte, así como ahorros eventuales del gobierno y posibles utilidades de empresas paraestatales militares que actualmente necesitan subsidios.

Sin estos recursos adicionales, el fondo podría depender del presupuesto anual para su funcionamiento, contradiciendo el propósito original de las Afores, creadas en 1997 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones sin necesidad de recurrir a fondos gubernamentales.

La resolución de esta acción de inconstitucionalidad es un proceso relativamente rápido y requiere el voto de ocho Ministros para invalidar la norma impugnada.

No obstante, Loretta Ortiz no tiene un plazo definido para presentar su proyecto. Se espera que no esté listo antes de que el Congreso discuta, en septiembre, la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que la Ministra Ortiz admitió esta acción solo diez días después de recibirla, mientras que en el pasado ha tardado hasta seis meses en admitir otras acciones, como la presentada contra la reforma legal de noviembre de 2023, que estableció fideicomisos militares para financiar el Tren Maya y otros proyectos bajo control de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

(Con información de Reforma)