La ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat tiene un objetivo: liberar a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Ríos Farjat presentará ante la Primera Sala de la Corte un proyecto de sentencia que plantea declarar fundada la reclamación presentada por el asesino contra un recurso de revisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este recurso fue interpuesto por la FGR contra el amparo que el pasado 5 de octubre el Primer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México concedió a Aburto, un fallo que invalidó su condena de 45 años de prisión y ordenó que le dictaran una nueva sentencia por el delito de homicidio, con base el Código Penal de Baja California vigente en la época de los hechos.

La penalidad prevista en ese entonces por la legislación local era de 16 a 30 años de prisión, razón por la que, en caso de que le impongan la pena máxima, Aburto ya la tendría compurgada el próximo 23 de marzo y quedaría libre al cumplirse tres décadas del crimen.

En caso de que la mayoría de los ministros de la sala voten en favor del proyecto de sentencia, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca dará cumplimiento al amparo y, en cuestión de días, le dictará la nueva sentencia al magnicida.

Cualquiera que sea la condena, significará la libertad de Mario Aburto.

Recurso de la FGR tiene fallas constitucionales

De acuerdo con informes de la SJCN, en el recurso de revisión contra el amparo de Mario Aburto, el principal argumento de la Fiscalía es que el Tribunal Colegiado omitió interpretar los artículos 41, 73, fracción XXI, y 104 de la Constitución, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

Es decir, que el colegiado no advirtió que la justicia federal y no la de Baja California era competente para juzgar a Aburto desde el magnicidio, por la calidad de candidato presidencial de la víctima.

Esta omisión de interpretar los apartados constitucionales también pasó por alto que "se afectara directamente la función del pueblo de ejercer su soberanía por medio de los Poderes de la Unión", según la FGR.

Originalmente el recurso de revisión fue turnado al Ministro Jorge Pardo Rebolledo, pero éste se declaró impedido porque en 1996, cuando era juez de distrito, dictó la sentencia absolutoria en favor de Othón Cortés Vázquez, acusado de ser el segundo tirador contra Colosio en Lomas Taurinas.

El pasado 28 de febrero la Primera Sala de la Corte declaró legal el impedimento planteado por el ministro.