Israel Navarro/David Monroy/Rafael López/Milenio
MORELOS.- La desaparición de personas es un problema que ha superado la capacidad del gobierno de Morelos. Organizaciones civiles y víctimas acusan que solo se hacen búsquedas de papel o de muertos, que las autoridades pierden tiempo para localizar a alguien con vida.

Esta crisis se refleja en las cifras de las autoridades y de los grupos sociales sobre estos casos; la gravedad está en la cifra negra, que son los hechos que no se denuncian y, por ende, no se resuelven.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró que en los últimos 10 años hubo 92 desaparecidos, 89 durante la presente administración de Graco Ramírez.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos tiene 69 denuncias de personas no localizadas de seis estados, quienes fueron vistas por última vez en la entidad: 33 de Nuevo León, 17 de Durango, nueve de Morelos, tres de Puebla, uno de Sinaloa y otro de la Ciudad de México.

Además hay cinco expedientes reservados. Todos los casos presentados durante la gestión perredista.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos, fundada en 1988 a partir de la desaparición del activista José Ramón García, recientemente presentó un estudio con detalles de 93 desaparecidos.

Derechos Humanos

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Osmany Licona, explicó que las 48 horas para considerar a una persona desaparecida son vitales para dar con su paradero; sin embargo, afirmó que también es tiempo que se pierde con la inacción.

Mencionó que una vez que se levanta la denuncia ante las autoridades, no hay una búsqueda material o física de la persona. "No se realiza una diligencia en la cual se vayan a los últimos lugares. Únicamente hay pesquisas de papel, sólo se giran oficios".

Tampoco hay un grupo de seguridad que reaccione ante este delito para dar celeridad a la localización de la posible víctima.

"La desaparición es un tema vinculado a la violación de derechos humanos sistemática y recurrente, porque hay una cuestión de fondo que no sabemos si esta persona está solo siendo privada de la libertad o está siendo víctima de otro delito. Es necesario que se aclaren esas situaciones", detalló.

Licona señaló la falta de voluntad por parte de las autoridades para establecer protocolos de búsqueda, lo que inhibe a la gente a denunciar.

"Las cifras que hay están por debajo de la realidad, hay personas que no se presentan ante las autoridades por miedo a represalias, ya sea de la delincuencia o de las mismas fuerzas de seguridad", afirmó.

Igualmente reconoció que la inacción ha impulsado el surgimiento de diversos contingentes que exigen la búsqueda de los desaparecidos mediante un trabajo coordinado entre ambas partes.

"Hay cuerpos que no han sido identificados, entonces es un problema ya de estructura en la persecución, administración y procuración de justicia que ya ha rebasado el poder del estado", consideró.

Casos de desapariciones

José Martínez, coordinador de Comunicación Social de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que la característica de los diferentes gobiernos de Morelos ante esta problemática es la omisión y la negligencia.

"Durante la administración del panista Marco Antonio Adame se reportaron cerca de mil 300 casos", resaltó.

Los familiares de las víctimas sufren una doble vejación, con el maltrata jurídico emocional.

"Actualmente hay gente que tiene ese dolor permanente de saber qué ocurrió con sus seres queridos y quedan con la incertidumbre de lo ocurrido. Cuando aparecen los cuerpos, comienza otro calvario para la identificación de los cadáveres", relató.

En ese sentido, Martínez reconoció que la sociedad morelense es activa, exige, demanda y presiona a la autoridad para dar resultados, "lo que debería obligar a las autoridades a modificar su conducta y elaborar diferentes controles para prevenir y erradicar el delito".

Propios recursos

Una de las iniciativas ciudadanas que ha surgido a partir de la situación es la encabezada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que con sus propios recursos está recabando los perfiles genéticos de los familiares de los no localizados.

El encargado del proyecto, el doctor Iván Martínez Dunker, comentó que han causado inconformidad en el gobierno estatal, toda vez que no han coadyuvado en la recopilación de datos.

Afirmó que es un derecho de la sociedad y una obligación de la academia trabajar en una agenda común y quitar el monopolio de la verdad a las autoridades.

"Nosotros no queremos sustituir a las instituciones, queremos trabajar con ellos y darle credibilidad a ese trabajo. Sin embargo, vemos a un gobierno que está cerrado, que quieren ser dueños de la verdad, controlarla y que nadie más interfiera", comentó.

A principios de abril cinco universitarios se encargan de tomar muestras biológicas, como sangre y diversas señas particulares de la persona desparecida.

"Nuestras células ADN, que es este libro con muchas letras A, T, G, C, entonces hay regiones de variabilidad que cuando las leemos, nos arroja el código de cada personas que nos hace diferente a todos los demás", especificó.

Estos datos son ingresados a una base, configurada por la UAEM, y que tiene el respaldo de la Universidad de Granada, en España, para hacer un padrón a escala internacional.

"El programa se llama Fénix. Imaginemos que pasan 10 años del hecho, con esto se genera una memoria histórica de donde ha pasados los años para que se pueda dar con el paradero de una persona que fue buscada primeramente por sus padres y localizada por sus hijos", aseveró.

Martínez Dunker recriminó que su labor está hecha al 50 por ciento, toda vez que falta extraer las muestras genéticas de los cuerpos que se encuentran a lo largo del estado para poder empatarlas con los demandantes.

"Hacemos un llamado al gobernador para que nos permita apoyarlos y poder concluir el proyecto, y así devolver a los familiares los cuerpos de sus seres queridos", pidió.