Agencias

México.- Con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó la polémica #LeyGarrote, la cual promueve que se  endurezcan las penas por impedir la ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles.

La reforma castiga con una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”. 

Y sanciones de hasta 20 años de prisión a los sindicatos que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obras públicas y privadas.

#SesiónExtraordinaria | Se aprueba en lo General en unión de los artículos no impugnados en lo Particular, el Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco.

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— Congreso Tabasco (@CongresoTab) July 29, 2019

La discusión de la redacción del artículo 308 bis, el cual fue el centro del debate se prolongó por más de dos horas, e inconformidad de diputados del PRI que abandonaron la sesión antes de la votación, mientras la fracción del PRD votó dividida y Morena en favor del dictamen.

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Antes de la sesión, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, se reunió con legisladores para aclarar dudas o escuchar puntos de vista, e incluso, para mejorar la redacción de la propuesta, aunque legisladores de oposición finalmente abandonaron la sesión del Congreso local.

Previamente , Marcos Medina Filigrana señaló que la #LeyGarrote no se trata de una ley antimarchas sino antiextorsionadores y contra los llamados pseudo sindicatos.

Al respecto, la priista Ingrid Rosas, integrante de la Comisión, señaló estar en contra de la modificación porque el contenido del artículo 308 bis no tiene nada que ver con el delito de extorsión o delincuencia organizada.

Por el contrario, expuso, se podrá aplicar en contra de cualquier marcha, protesta o manifestación no solo en alguna calle, sino en cualquier plaza bajo el argumento de impedir el libre tránsito de terceros, encuadrándolos en la pena y cárcel de uno a cinco años.

(Con información de Aristegui Noticias y Excélsior)