Según ONU Mujeres, la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en equidad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030.

Es decir, la realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para afrontar los diversos y urgentes desafíos de nuestra época globalmente, abarcando desde crisis económicas, carencia de atención médica hasta el cambio climático y la intensificación de conflictos.

Sin embargo, aunque no cabe duda de que las mujeres poseen perspicacia y aptitudes de liderazgo necesarias para afrontar estos problemas y cumplir estos objetivos, los datos revelan que su presencia es insuficiente en todos los niveles de toma decisiones del mundo.

En particular, en la región Latino Americana, la paridad de género en la política está aún muy lejos de ser alcanzada.

En 1948, Cuba marcó un hito al nombrar a la primera mujer en un ministerio o secretaría de Estado. Aunque desde entonces se ha producido un aumento paulatino de la participación femenina en los gabinetes ministeriales en toda la región, en los últimos tres periodos de gobierno, este incremento ha sido modesto.

Hasta agosto de 2022, 36 países y territorios de la región, contaban con un 25% de mujeres ministras y sólo en Costa Rica y Chile, la paridad era un hecho en los gobiernos.

A nivel local, la situación era aún más desfavorable, especialmente en lo que respecta a las alcaldías. Los datos a diciembre de 2021 indican que el promedio de mujeres alcaldesas electas en América Latina y el Caribe se sitúa en el 15.4% y este porcentaje apenas mostró un aumento en cuanto al año anterior. 

Lamentablemente, esta realidad sigue estancada a todos los niveles.  

Cada día es más y más evidente que, en la región, el liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local como gubernamental. 

Los avances recientes en la participación política de las mujeres que se han visto se deben a propuestas desarrolladas desde la década de los ochenta por el movimiento de mujeres y feministas que buscaban ampliar el marco de sus derechos políticos.

De igual manera, las iniciativas por parte de los Estados mismos para cumplir los compromisos regionales e internacionales en materia de derechos humanos a través de reformas jurídicas han servido para impulsar la igualdad de género en la política.

Sin embargo, muchas mujeres todavía se enfrentan a dos tipos de obstáculos en su camino hacia la democracia y política paritaria. Por un lado, existen barreras estructurales que emanan de leyes e instituciones discriminatorias que limitan sus oportunidades para votar o postularse para cargos públicos. Por otro, las brechas relativas a las capacidades indican que las mujeres tienen menos probabilidad que los hombres de acceder a la educación, contactos o recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.

Entre estas estructuras institucionales, sociales y culturales que perduran y limitan el acceso de las mujeres al ejercicio del poder se encuentran, la división sexual del trabajo, la persistencia de la violencia de género en la vida pública y política, y la cultura política y las estrategias adoptadas por muchos partidos políticos.

Ante estas problemáticas, algunos países de América Latina están tomando medidas que deberían de servir como ejemplo a seguir para otros.

A modo de ilustración, actualmente nueve países – Costa Rica (2009), Ecuador (2009), Bolivia (2010), Honduras (2012), Panamá (2012), Nicaragua (2012) México (2014), Argentina (2017), Perú (2020) – han adoptado la paridad de género en las candidaturas electorales o han instituido la paridad en los procesos internos de los partidos políticos.

En Perú, las elecciones del 11 de abril de 2021, se celebraron con una participación histórica de mujeres con los comicios representando un avance significativo al convertirse en el primer proceso electoral en el que se aplicaron de forma obligatoria los criterios de paridad y alternancia de género.

Ese mismo año, la campaña electoral de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, hizo hincapié en el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, en México, se han hecho alianzas entre los poderes de la unión para reformar leyes y artículos en favor de las mujeres, que engloban la inclusión de la paridad de género en las candidaturas para el Poder Legislativo a nivel federal y local, entre otras iniciativas.

A nivel municipal, por ejemplo, en Tapachula, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda ha enfatizado durante su cargo la importancia de impulsar el emprendimiento, el empoderamiento y el bienestar integral de las mujeres, los cuales son factores esenciales para lograr el progreso de la sociedad.

Finalmente, el modificar la discriminación contra las mujeres implica una transformación profunda de la sociedad.

Mucho camino falta aún por recorrer para que ambos géneros puedan ejercer sus derechos en equidad en la política. La participación de mujeres como en los ejemplos de Keiko Fujimori y Rosa Urbina, es esencial. Sin ellas, potenciar el desarrollo de un país es imposible.