Agencias
HERMOSILLO, Sonora.- Pese a ser expulsados del Comité de Operación de Emergencias por el mandatario local, el gobierno federal mantendrá a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa en aquella entidad mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) investiga si la presa construida en el rancho del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos correspondientes para su edificación y operación.

Luego de que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, expulsara del Comité Estatal de Protección Civil a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa, el gobierno federal puntualizó que el nombramiento y permanencia de éstos es una facultad del Presidente.

"Es preciso enfatizar que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en aquel estado es facultad exclusiva del Presidente de la República y no del gobernador", dijo Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el funcionario federal solicitó al gobernador de la entidad a conducirse dentro del ámbito de la ley y en respeto a sus atribuciones y responsabilidades. Además, lo exhortó a redoblar esfuerzos y colaborar con la Federación para atender la emergencia ambiental, en beneficio de los sonorenses.

Acerca de las acusaciones de Padrés Elías de que el gobierno federal no ha actuado desde que ocurrió el derrame, el vocero de la Presidencia aseguró que las autoridades federales han trabajado de manera coordinada, eficaz, oportuna y con estricto apego al marco jurídico desde que fueron notificadas de la contingencia ambiental.

Sanciones

Sobre el tema, David Korenfeld, titular de la Conagua, explicó que de encontrar irregularidades en las obras hidráulicas construidas sobre el río Manzanal, cercano al ejido de Bacanuchi, que benefician a el rancho "El pozo nuevo de Padrés", se podría clausurar, incluso demoler, y la sanción podría alcanzar una multa de 20 mil salarios mínimos.

Señaló que los propietarios tendrán 15 días hábiles para presentar la información y los permisos correspondientes sobre el uso de aguas superficiales y la concesión de aguas nacionales.

También explicó que en 2010 no había una construcción que desviara este afluente, pero en 2011 comenzó a apreciarse una infraestructura y en marzo de 2012 ya aparece una cortina de concreto y agua con el cauce del río.

Agregó que se hará un balance de los escurrimientos que ha tenido la cuenca en los últimos 10 años para verificar su comportamiento y valorar el riesgo para la población.

Detalló que derivado de denuncias, la dependencia a su cargo investiga otras cinco obras de distintos propietarios a las cuales se les dará el mismo trato en el procedimiento.

Mencionó que se efectuará una inspección a los pozos que cuentan con concesión para el agua subterránea, donde se averiguará si cuentan con concesión para su uso, si tienen permiso de perforación, medidor volumétrico y bitácora de lectura.

Reunión de alcaldes y Grupo México

Los siete alcaldes de los municipios afectados por el derrame de tóxicos en aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora, acordaron con el Grupo México formar una comisión institucional única, cuya primera acción será redactar un documento base para darle categoría jurídica a la citada comisión.

La comisión será instalada el próximo miércoles de 17 de septiembre y estará integrada por los siete alcaldes, una representante del gobierno federal y otro del gobierno estatal; un representante de la Universidad de Sonora y los representantes del Grupo México.

Raúl Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anunció que ese organismo formará parte del comité y añadió que una vez instalado, se nombrará por todos los integrantes a un experto en riesgos.

El representante general del Grupo México, Horacio Sánchez Unzueta, dijo que se encontró la fórmula para darle respuesta a los asuntos más urgentes en los siete municipios afectados por el derrame.