Milenio
MÉXICO, D.F.- La ministra        Olga Sánchez        afirmó que “no había otra salida que         otorgar       el      a         mparo    ” a l a francesa     Florence Cass  ez    , ya que lo único que revisó l a    Suprema Corte    d e Justicia de la Nación fue si se habían    vulnerado    sus   derechos   fundamentales y no determinaron su     inocencia   o   culpabilidad.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti en Milenio Radio, la   ministra   aseguró que los derechos que se violaron fueron la  presunción  de inocencia y el derecho a ser puesta de manera inmediata a disposición d  el Ministerio Público.

“Como jueces constitucionales es nuestra obligación acatar la Constitución y proteger los derechos de todas las personas”, aseveró, por ello dijo esperar que la sociedad pueda entender que se deben proteger los derechos y eso fue lo que la Corte hizo.

Indicó que fue un amparo liso y llano porque no existía manera de reponer el procedimiento porque “el impacto de este montaje fue de tal magnitud que esta violación a estos derechos es imposible … cuando se han violado desde un principio”, detalló.

Consideró que el mensaje que le quieren dar a la población es que “se tienen que respetar los derechos para que las víctimas también tengan el derecho a la verdad y el derecho a la justicia”.

Precisó que la Corte no está autorizada a pronunciarse respecto a la responsabilidad en la que incurrieron las autoridades y que no se trata de fincar responsabilidades, sino de “un amparo de una quejosa que está impugnando actuaciones de autoridades que en su concepto vulneraron sus derechos”.

Respecto a los desacuerdos de la población con libertad de Florence Cassez, afirmó que “cuando cumples con tu poder constitucional no lo haces ni por encuestas ni por opinión pública, tienes que hacer y al final vas a ver cómo estamos caminando hacia un poder constitucional”.

Ayer Florence Cassez fue puesta en libertad luego de que los ministros de la Corte votaran 3 a 2 a favor de que se violaron sus derechos durante el procedimiento con el que había sido sentenciada a 60 años de prisión y se le imputaba el delito de secuestro.