Erika Flores/Milenio
MÉXICO, D.F.- En Naucalpan, Estado de México, hay un caso de secuestro sin resolver. El 9 de noviembre de 2013 Manuela Ramírez Ocio, de 74 años, desapareció de su domicilio y fue hallada muerta —diez días después— en la cajuela de su auto, abandonado en la colonia Penitenciaría del Distrito Federal. 

“Fue una tragedia para la familia, algo muy difícil que no hemos podido y nunca vamos a superar por la manera en que fue”, lamenta llorando su hija, María Teresa Méndez.

Su hermano Juan es el lado opuesto. “Sentimos que son vaciladas y burlas cada vez que nos presentamos ante las autoridades, porque a cada rato cambian de Ministerio Público y nos preguntan cosas que se supone ya sabían. Ahí es donde se enoja uno y se carga de rabia y coraje”, expresa.

La mañana de 10 de noviembre de 2013 Manuela Ramírez desayunaría con una de sus hijas, quien pasaría por ella para ir, primero, a la iglesia. Cuando ésta tocó el timbre de la casa materna, nadie abrió. Regresó más tarde y nada. Entonces llamó a sus hermanos, quienes al llegar se percataron de que las puertas estaban entreabiertas y sin las chapas forzadas.

Entraron a la sala y hallaron solo una sandalia de Manuela. Estaba mojada. En el piso y sillones había cloro, un periódico con sangre, una lata de cerveza y el automóvil de su madre no estaba. En la cocina encontraron una nota con dos líneas: “Si cooperan, cooperamos. Familia Mich”. Los vecinos no vieron nada.

Manuela, originaria de Puebla, crió sola a ocho hijos. Fue costurera y sus vástagos se dedicaron al negocio de ropa en Mixcalco. Quizá por eso los secuestradores pidieron un rescate de tres millones de pesos, mismos que la familia no entregó. Asesorados por la procuraduría de justicia de Tlalnepantla y personal de la Seido, pagaron únicamente 124 mil pesos que entregaron en Toluca. La última llamada que recibieron de los secuestradores fue para reclamarles el haber dado aviso a las autoridades.

Tres días después encontraron el cuerpo de su madre. Llevaba puesta su pijama y una bolsa amarrada en la cabeza. Según el forense tenía tres días de haber muerto. 

“Creemos que más que nada fue una venganza, porque en su cartera había dinero, los secuestradores no se llevaron joyas, no se llevaron nada, solamente a ella. La casa tiene interfón, pero no lo utilizaba porque le era más fácil asomarse a la ventana” explica María Teresa.

Manuela Méndez vivía sola, era muy devota, no tenía problemas de salud, hacía ejercicio y, a decir de su hijo Juan, solo tenía un defecto. 

“Por su raíz de pueblo, de provincia, era muy confiada. Platicaba con los vecinos, con el policía, el de la basura”, dice. Por eso los Méndez no descartan la posibilidad de que los secuestradores son gente muy cercana a la familia, que conocían perfectamente que su víctima vivía sola, que era muy confiada y que tenía problemas de audición.

En seis meses la investigación federal avanzó. Los policías Paola Jessica Cortés Cardoso e Israel Reyes García rastrearon los números celulares que los secuestradores utilizaron para pedir el rescate; encontraron a los dueños, pero no hubo detenciones. Después, en mayo pasado, la Seido cerró la investigación y turnó el caso a la procuraduría de Tlalnepantla, donde no ha habido avances a la fecha.

Violeta, hermana de Juan y María Teresa, ha seguido puntualmente los pocos o nulos avances de las autoridades mexiquenses que constantemente cambian de ministerio público, por lo que siempre hay que empezar de cero.

“Dentro del expediente hay muchos elementos importantes que desafortunadamente las autoridades no les han hecho caso. Yo tengo las geolocalizaciones que la Seido hizo de los celulares, pero como no sucedió nada, ahora no sabemos si lo inventaron o qué. En febrero de 2014 la oficial Paola Jessica me dijo que faltaban pocos días para aprehender a alguien, y mire. Ya pasó un año”.

Con la investigación estancada, los hermanos Méndez enviaron cartas para el pedir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, el procurador Murillo Karam, el gobernador Eruviel Ávila y hasta el Papa Francisco. Ninguno contestó. Como último recurso, Juan envío a principios de enero una carta al presidente Barack Obama para ver si éste podía interceder por él en la reunión que sostuvo con Peña Nieto el 6 de enero pasado.

“Posiblemente nuestras autoridades no le ponen la atención debida a mi caso porque no es Ayotzinapa, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán... Por eso les exijo y reclamo que por favor cumplan con su trabajo. Que sepan que casos como este forman parte de muchos más que quedan sin esclarecer, porque hay gente que está libre y sigue haciendo daño”, acusó.

Cerrada, la casa de Manuela parece abandonada. Su closet está vacío y en el piso aún quedan algunas prendas de ropa y pares de zapatos suyos. Al fondo su máquina de coser la espera; igual que su altar con el niño Dios y la Virgen de Juquila, los santos que —tal vez— pudieran responder a los hermanos Méndez, más rápido que las autoridades.