La Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dio a conocer hoy la Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, propuesta alterna a la reforma del Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se discute hoy en las comisiones del Senado de la República.

#NoticiasPJF | Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la @SCJN y del @CJF_Mx, acompañada por los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como los Consejeros @LMonicaLopezB, Sergio Javier Molina y… pic.twitter.com/vlStOfCLGG

— JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) September 8, 2024

El texto de la Reforma Integral al Sistema de Justicia en México propone un sistema de seguridad y justicia que busca incluir las voces tanto de integrantes del Poder Judicial como de organizaciones sociales.

"La demolición del Poder Judicial no es la vía. Nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen",

planteó la Ministra Piña.

Las propuestas fueron agrupados en los siguientes rubros: seguridad pública, justicia penal, poderes judiciales locales, ética y legitimidad institucional, así como corrupción y nepotismo.

La presidenta de la Suprema Corte hizo un llamado a los legisladores y a los actores del sistema de justicia para que consideren las propuestas recogidas en un documento elaborado por diversos miembros del Poder Judicial:

"El documento que desde este momento está a disposición de todos es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales de quienes tienen a su cargo funciones de justicia, así como de quienes interactúan con ellos”.

Según Piña, el objetivo principal es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde una perspectiva interna del sistema, con un enfoque que pueda ser útil para la discusión en el Congreso:

“Se hace pública una propuesta que surge desde las juezas federales, magistradas y magistrados, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde quienes imparten justicia".

¿Qué incluye la Reforma Integral al Sistema de Justicia en México?

El documento de 272 páginas que contiene las 66 iniciativas de la Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, se encuentra en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

En materia de ética y legitimidad judicial

1. Realizar una revisión crítica del flujo de los procesos judiciales para asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas.

2. Estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del País.

3. Desarrollar programas de capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional. En materia de fortalecimiento de los poderes judiciales locales

4. Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender las demandas de justicia de la ciudadanía.

5. Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección para todos los cargos judiciales.

6. Asignar los recursos necesarios para implementar la oralidad en la justicia civil y familiar, así como consolidar la oralidad mercantil.

7. Consolidar la justicia laboral.

8. Implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial.

9. Recuperar y fortalecer el constitucionalismo local.

10. Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local.

En materia de diseño normativo sustantivo y procesal

11. Derogar figuras jurídicas, como la prisión preventiva oficiosa, que propician la privación arbitraria de la libertad.

12. Armonizar la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables.

13. Ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones.

14. Generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales.

15. Fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia.

16. Generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia.

17. Garantizar que un porcentaje no inferior a 2% de los presupuestos federal y estatales sea asignado a los poderes judiciales.

18. Diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas.

En materia de seguridad pública

19. Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño.

20. Fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores de seguridad al Registro Nacional de Detenciones.

21. Modernizar los Centros de Comando y Control.

22. Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales.

23. Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas.

24. Considerar el abandono del enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención en este contexto.

25. Simplificar y armonizar los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba.

26. Desarrollar un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia.

27. Revisar y reformar el marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el País.

28. Mejorar el acceso a la información pública y de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad.

29. Implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego.

30. Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y el fortalecimiento de instituciones civiles.

En materia de investigación criminal

31. Investigar la trata de personas a partir de la cooperación internacional.

32. Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición.

33. Asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación.

34. Establecer estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y Fiscalías.

35. Promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación.

36. Incorporar la detención y desaparición de personas migrantes a los registros nacionales.

37. Promover una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural.

38. Fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización.

39. Explorar el establecimiento de un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones.

40. Perseguir los delitos con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo, no de manera fragmentada.

41. Desarrollar e implementar políticas de persecución penal estratégicas en las fiscalías federales y estatales.

En materia de servicios forenses y periciales

42. Crear una Ley General de Servicios Forenses que instaure una institución nacional de servicios forenses.

43. Fortalecer las capacidades institucionales en materia forense y de servicios periciales.

44. Asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia.

45. Establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional.

En materia de defensoría pública

46. Fortalecer los servicios de defensoría pública.

47. Aumentar el personal de las defensorías públicas.

48. Garantizar autonomía técnica y de gestión de defensorías públicas del País.

49. Asegurar las asignaciones presupuestales necesarias.

50. Regular de manera uniforme y consolidar el servicio civil de carrera.

51. Establecer atribuciones claras y amplias para brindar asesoría y asistencia legal en todas las materias.

52. Conformar áreas o unidades de investigación y servicio periciales independientes en cada defensoría pública.

53. Crear bases y protocolos homologados de atención y actuación.

54. Diseñar mecanismos de comunicación eficientes para la canalización de casos entre defensorías públicas.

55. Implementar una política de atención a poblaciones de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad.

56. Instrumentar una política integral de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.

57. Otras acciones adicionales para fortalecer los servicios de defensoría pública en México.

58. Incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales.

59. Fortalecer la atención médica que brindan las comisiones de atención a víctimas.

60. Reformar el sistema de ayudas inmediatas dentro de la política de atención a víctimas.

61. Crear mecanismos de denuncia y protección para todos los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de prisión.

62. Fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución.

63. Implementar servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas.

64. Capacitar a juezas y jueces de ejecución, así como al personal penitenciario en temas de derechos humanos y enfoques diferenciados.

65. Fortalecer programas de atención psicológica y de salud integral dentro de los centros de reclusión.

66. Adaptar de espacios en centros penitenciarios a fin de satisfacer las necesidades diferenciadas de los distintos grupos de población.