EFE
MÉXICO, D.F.- El caso de los 43 estudiantes desaparecidos desbordó las fronteras de México con un acuerdo de asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras continúan arreciando las protestas al interior del país.

El Gobierno mexicano acordó los términos de la asistencia con la CIDH y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, a manos de policías locales y miembros del cártel Guerreros Unidos.

El documento, suscrito en la capital mexicana, establece que la CIDH supervisará la creación un grupo de expertos que dé asistencia y verificación técnica a las acciones realizadas por el Estado mexicano, que ha enfrentado el escepticismo de los familiares de los estudiantes y de la sociedad en general.

"Cualquier apoyo técnico de la Comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala", precisó el organismo en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la firma del convenio es uno de los compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el 29 de octubre con los padres de los estudiantes en un encuentro celebrado en la residencia oficial de Los Pinos.

Dramática realidad

La cancillería también se refirió a la reunión que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, sostuvo ayer en Ginebra con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Durante el encuentro, Gómez Robledo actualizó al alto comisionado sobre las investigaciones y se refirió al diálogo que el Gobierno mantiene con los familiares de los estudiantes y la CIDH.

A su vez, Zeid Ra'ad Al Hussein ofreció las herramientas de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, y expresó su solidaridad con las víctimas de "este caso profundamente perturbador", según un comunicado de la ONU.

En tanto, el papa Francisco expresó durante su audiencia en la Plaza de San Pedro su cercanía a todos los mexicanos por los "momentos dolorosos" que están viviendo y lanzó una denuncia de la "dramática realidad" y "la criminalidad" que existe en México.

Mientras se extienden las ramificaciones del caso en el extranjero, en México siguen radicalizándose las protestas vinculadas con la desaparición de los alumnos de una escuela rural para maestros.

Paz y violencia

Unos 600 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) incendiaron las instalaciones de la Contraloría de la Secretaría de Educación y del Congreso de Guerrero en Chilpancingo.

Los maestros, quienes hace semanas acampan en el Zócalo de la capital de Guerrero, han protagonizado numerosas protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con acciones a veces pacíficas pero también ataques violentos.

El martes un numeroso grupo de profesores se enfrentó con policías en Chilpancingo después de que atacaran la sede local del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal), causando destrozos y prendiendo fuego a parte de las instalaciones.

Los padres de los desaparecidos se desvincularon ayer, después de una reunión con autoridades federales, de las acciones violentas de la Ceteg, una organización involucrada también en bloqueos carreteros y ataques a oficinas gubernamentales y partidistas, en protesta por la reforma educativa promulgada por Peña Nieto en 2013.

La desaparición de los jóvenes también ha generado numerosas y cada vez más violentas protestas en otras regiones del país como Michoacán, donde cientos de estudiantes bloquearon el acceso al aeropuerto de Morelia, lo que obligó a habilitar una entrada por el área de hangares.

Además, los estudiantes tomaron algunas casetas de cobro de peajes y anunciaron que mañana harán tomas a las 113 alcaldías de Michoacán.
Unos 70 jóvenes también arremetieron contra la sede del PRI en Morelia, donde destruyeron el mobiliario, computadoras y televisores.

El dato

La Procuraduría anunció que el miércoles enviaría a la Universidad de Innsbruck, Austria, los restos humanos calcinados encontrados en un basurero y un río del municipio de Cocula para su análisis genético, pero fuentes de la institución no pudieron confirmar si esto ya se realizó.

Miembros detenidos del cártel Guerreros Unidos dijeron que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero.

Sin embargo, la PGR mantiene a los estudiantes bajo el estatus de desaparecidos hasta tener los resultados de las pruebas genéticas que hará el único laboratorio que estimó posible extraer material genético de dos de los huesos hallados.