Agencias
GUERRERO y MÉXICO.- Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero en septiembre del año pasado reconocieron que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha estado infiltrada por el Ejército y la Secretaría de Gobernación, por lo que insistieron en su petición de que personal del 27 batallón de infantería declare sobre los hechos de septiembre pasado.

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara, a través de la ley de transparencia, que el nombre de uno de los desaparecidos corresponde a un militar en activo, los padres reprocharon que la dependencia tuviera un “infiltrado” en la normal rural.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, dijo que la intención de la Sedena es generar confusión y dividir el frente que se integró, a partir de los hechos.

La información dada a conocer por la Sedena, expresó, confirma que el Ejército estuvo al tanto de lo que sucedió en Iguala, Guerrero, por lo que la intención es generar una confrontación interna entre los padres.

Detalló que históricamente Ayotzinapa ha sido infiltrada por la Sedena, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En 2000, platicó, los alumnos detectaron varios casos (de supuestos infiltrados), pero los policías y militares que intentaban realizar labor de espionaje se alejaron solos del plantel, porque se dieron cuenta de que fueron ubicados, pero también porque no encontraron nada turbio. 
“Con lo que se ha manejado en los últimos días, nos queda claro que los militares saben qué pasó con los muchachos, por eso estamos reclamando que se les permita declarar ante el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, pidió Felipe de la Cruz.

El viernes por la mañana, los padres se reunieron para rechazar la versión de la Sedena de que uno de sus hijos fuera militar en activo, por lo que ratificaron su determinación de permanecer unidos para lograr la presentación con vida de los desaparecidos.

Es 'obligación' de PGR

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Defensores de los Derechos Humanos (REDH), dijo que son muchos los elementos que apuntan hacia la milicia, razón por la que la Procuraduría General de la República (PGR) debe abrir una línea de investigación que apunte hacia el 27 batallón.

Lamentó que la procuradora Arely Gómez no haya convocado a los padres de los 43 desaparecidos para instalar una mesa de trabajo, situación que genera inconformidad.

Hace unos días, la Sedena dio a conocer que uno de sus elementos está entre los jóvenes de Ayotzinapa.
“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, precisa la respuesta a una solicitud de información.

La Defensa indicó que no puede revelar el nombre del militar porque “representa un riesgo para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que pueden ser identificados con facilidad”.