Jessica Corona/Milenio
MÉXICO, D.F.- El nuevo sistema de justicia penal en México está en riesgo de que su implementación sea deficiente y de simulación ya que ninguna entidad federativa tiene el estándar establecido para su arranque, refiere un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

"Los tiempos ya no dan, no estamos con los avances necesarios para una operación óptima; nuestra preocupación es que no se logre la meta y se tengan que ampliar los tiempos. O definitivamente se cumpla, pero como una gran simulación donde se va a empezar a operar en un sistema de forma deficiente", señala María Novoa, directora del área de justicia de Cidac.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal avanzó ayer en los estados de Durango y Puebla, primeros dos estados donde entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales promulgado en marzo, y entrará en vigor gradualmente en el resto de las 29 entidades restantes; el plazo es el 18 de junio de 2016.

La segunda edición del "reporte de hallazgos sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México" destaca que todavía hay mucho rezago en cuanto al proceso en la gran mayoría de las entidades federativas.

Sobre las condiciones para el arranque del nuevo sistema penal acusatorio, únicamente Chihuahua, Baja California y Guanajuato superaron el estándar del año anterior. Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí tuvieron un incremento en su puntuación de más del 50 por ciento respecto a 2013.

"Ninguna entidad opera al cien por ciento bajo el nuevo ordenamiento. De hecho, tanto la Federación como las 32 entidades federativas tienen tareas pendientes", señala el estudio.

Leyes pendientes

Novoa destaca que además no se han logrado aprobar leyes nacionales necesarias para que después las legislaturas locales puedan hacer la armonización: la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones y Medidas cautelares y otros.

Recursos para la implementación

Otro de los retos es la asignación y ejecución de 6 mil millones de pesos que destinó la Federación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

"Hay un déficit de planeación en los recursos, tenemos con exactitud que mil millones si se están ejecutando pero el resto no sabemos si fueron asignados ni si se están usando", dijo.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, para octubre del presente año sólo 18 entidades federativas habían emitido la declaratoria de su entrada en vigor; además, no se cuenta con un plan para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes.

"En muchos estados está funcionando el código procesal del sistema tradicional y el sistema acusatorio local; el problema es que no está claro cómo se van a desactivar estos otros sistemas. Se nos pueden ir años y años coexistiendo tres sistemas y esto no da certidumbre jurídica", advierte Novoa.

Policías y defensorías públicas

Otra deficiencia es el poco apoyo que reciben las policías y defensorías públicas, "son a las que menos les dan capacitación y menos recursos en términos de la infraestructura mínima que requieren asociada a la gestión de este nuevo proceso".

Retos en instituciones encargadas

El estudio incluye una evaluación de las cinco instituciones federales involucradas en el proceso de reforma del sistema de justicia penal: PGR, PJF, IDPF, PF y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs).

El gran reto de estas instituciones es garantizar que el proceso de transformación se produzca de forma simétrica.

La PGR se encuentra ante dos retos: el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia penal y su simultánea transformación hacia una Fiscalía autónoma.