Carolina Rivera y Óscar Rodríguez/Milenio
MÉXICO, D.F.- Acompañada de su esposo e hijo de apenas seis meses, Leticia, quien prefiere ser llamada así para evitar represalias, denunció los abusos que ha sufrido por parte de la sección 22 de la CNTE y que ha derivado en un trabajo sin remuneración.

Hace tres años obtuvo una plaza como prefecta en una escuela ubicada a 45 minutos de la capital de Oaxaca; desde entonces Leticia no ha recibido un solo peso de los 282 mil 240 que ha logrado acumular por su trabajo, al que destina siete horas al día de lunes a viernes.

Sin embargo, el sueldo que corresponde a la plaza de 20 horas que tiene asignada es cobrado por otra persona, por lo menos durante dos años, un pretexto más para que el magisterio frenara su pago desde 2012.

Leticia se vio obligada a dar cursos de regularización para contar con los recursos suficientes para trasladarse todos los días a la escuela en la que ha trabajado por tres años sin remuneración.

Además de que la constante suspensión de clases en las escuelas de Oaxaca le ha permitido aumentar sus ingresos, ya que si bien gana la mitad de lo que sería su salario por cada hora de trabajo, los padres de familia siempre recurren a las regularizaciones cada que la 22 hace un paro.

Pese a tener una maestría en Ciencias de la Educación y un récord impecable de asistencias, Leticia no ha logrado ver nada del salario que se supone tiene asignado por ocupar una plaza.

Asegura que desde un inicio se enfrentó a la arbitrariedad del sindicato para poner o quitar gente de las escuelas, nunca se imaginó que su falta de participación en las marchas, mítines, bloqueos y plantones pudieran dejarla sin sueldo.

“Primero me dieron un memorándum de presentación para una escuela a la que no me dejaron ingresar, ya que cuando me presentó el primer día de clases, la directora me comentó que los maestros decidieron que no podía trabajar ahí, así que regresé al Ieepo y el líder me asignó la escuela donde ahora trabajo”, explicó.

Los deseos de Leticia por estar frente a un grupo de estudiantes la llevaron a aceptar la segunda encomienda, pese a que fue asignada al área de prefectura y se le informó que tardaría en cobrar de manera inmediata sino hasta después de tres o seis meses.

Al cumplir el plazo, Leticia acudía cada semana a las oficinas del Ieepo para conocer el estatus de su pago; sin embargo, tras ir en reiteradas ocasiones finalmente le notificaron que una de las claves que le fueron asignadas estaba duplicada, por lo que su pago no podía ser liberado.

Para esas fechas, ya en 2012, las elecciones al interior del sindicato fueron una nueva excusa para suspender los trámites y pagos de la plantilla laboral, situación que se alargó debido a que los perdedores no reconocían al ganador y obligaron a realizar nuevamente el proceso.

Luego de dos años de tener una clave duplicada y sin poder lograr ningún avance, Leticia accedió a que le reduzcan el número de horas que se le pagarían, ya que aseguraban que así era como se podía resolver temporalmente el problema y liberar su pago.

Siete meses después, Leticia sigue sin haber recibido su pago y ahora se ve obligada a cubrir diversas cuotas que le exige el sindicato para evitar que la trasladen a un centro educativo aún más lejano de la capital del estado, además de que dice no estar dispuesta a abandonar todo por lo que ha trabajado.