Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Un reporte de Open Society concluyó que en México tanto el estado como actores no estatales - Los Zetas- han cometido crímenes contra la humanidad desde 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico. 

El informe "Atrocidades Innegables"  que trabajaron durante tres años "para conocer la naturaleza y el tamaño de la crisis", se refiere a homicidios, desapariciones forzadas y casos de tortura.  Pone ejemplos como Ayotzinapa, San Fernando , Tlataya o los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados afuera del campus y dice que el Gobierno Federal ha tratado de minimizarlos y no hay culpables ni castigos. 

"Hay suficiente evidencia de que los crímenes, desapariciones forzadas y tortura cometida por actores del Gobierno Federal y miembros del cártel de Los Zetas constituyen crímenes contra la humanidad", dice el informe.  Los actos se apegan a la definición de crímenes contra la humanidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la que México es parte. 

"Las fuerzas federales han cometido numerosos actos criminales, de desaparición forzada y tortura que tienen patrones claros de cómo los han cometido. Las víctimas incluyen miembros de cárteles, pero también muchos falsos positivos", dice el informe.

Open Society menciona que el Gobierno Federal ha perseguido una meta legítima: atacar al crimen organizado, pero lo ha hecho con una política de despliegue militar y de Policía Federal que utiliza la fuerza contra civiles, haciéndolo parecer como hecho por miembros del crimen organizado. Un ejemplo es el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, asesinados en 2010 y de los que el Gobierno Federal primero dijo, eran delincuentes.

El informe además que en México no existe regulación adecuada sobre el uso de la fuerza y no hay ni responsabilidades fincadas ni investigaciones reales sobre los abusos cometidos.

El contexto del informe

El aumento en los homicidios -150 mil desde 2006 y 2014 fue el año en qué más hubo-  se debe a la violencia del crimen organizado y a la estrategia de seguridad del estado, que usa la fuerza extrajudicial e indiscriminada.

Además es raro que se persigan los homicidios. De 2007 a 2012, sólo 16 por ciento de los casos investigados por las fiscalía llegaron a un juez.

El números de personas desaparecidas han crecido desde 2006- el año más alto fue 2014 con cinco mil 194- y hay razones para creer que el verdadero número es mucho mayor. Según el informe, en muchos casos los fiscales reclasifican desapariciones forzadas como secuestros.

Hasta febrero de 2015 hubo 313 investigaciones federales y 13 convicciones por desaparición forzada.

Lo mismo sucede con los casos de tortura: de 2006 a 2014 ha habido mil 884 investigaciones federales de tortura, pero sólo 12 consignaciones y ocho juicios.

Los puntos clave

1. El gobierno acepta el continuo uso de la tortura por fiscales y policías  para crear evidencia que apoye sus casos judiciales y para buscar individuos desaparecidos. 
2. El gobierno ha buscado proteger al Ejército y Marina de investigaciones criminales por crímenes atroces. Reformas en esta área  están  todavía incompletas 
3. Los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto promovieron actos policiacos militarizados, lo cual resultó no solo en el excesivo uso de la fuerza por fuerzas policiales federales y estatales, sino que ha contribuido a su falta de habilidades para realizar investigaciones criminales con métodos distintos a la tortura y la fuerza. 
4. Fiscales federales han evitado perseguir actores estatales y no estatales por crímenes atroces y han obstruido la justicia por ejemplo reclasificando crímenes atroces por ofensas menores 
5. Cuando ha habido presión para rendir cuentas sobre crímenes atroces los gobiernos han demostrado un patrón de lanzar iniciativas y reformas con gran fanfarronería y después no le ponen los recursos ni el apoyo político. Mecanismos y planes especiales para localizar a desaparecidos han fracasado. 
6. El ejecutivo ha fallado en trabajar con el Congreso y los estados para priorizar leyes y protocolos que den claridad e institucionalidad al sistema judicial.

Las responsabilidades 

Aunque el informe no pretende llevar casos ante la Corte Criminal Internacional, menciona que el parámetro de la investigación es la base razonable, la misma que utiliza la corte para abrir una investigación. 

Hace énfasis en que no identifica a ningún individuo en el Gobierno Federal o miembros del cártel de Los Zetas como responsables individuales. Y hace preguntas que, dice, deberá investigar el sistema judicial: ¿Alguien ordenó directamente estos crímenes? ¿Lo sabían autoridades de alto nivel? ¿Trataron de prevenirlo?