Diana Hernandez De Paz  

MÉXICO.- "La Defensoría ha presentado dos controversias en materia de ejecución penal para que se garantice atención médica general y también especializada en ginecología en el Cefereso 16", responde Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), sobre la 300 mujeres sin acceso a la salud en centros de reclusión del Estado de México y el federal CPS 16, de Morelos.

En entrevista a Grupo Reforma, explica que los jueces asumen que tienen que llevar un asunto a la vez, que una sola persona en reclusión tiene que hacer su promoción ante el centro, si le dicen que no, entonces piden que se judicialice. 

"Si lo judicializas y lo ganas, pues le van a dar agua, pero al mes siguiente vas a tener que volverlo a hacer para el medicamento", expone.

Desde su mirada, hay problemas de ejecución que afectan a una población penitenciaria en su conjunto, y que esos casos no se deben llevar en lo individual. Por ello, el IFDP litiga de forma colectiva, puntualiza.

Respecto al CPS 16, la Defensoría ha presentado dos controversias en materia de ejecución penal (165/2020 y 347/2020) para que se garantice atención médica general y especializada en ginecología.

Defensores de ejecución divididos  

La primera se desechó porque el juez tuvo por acreditado que el centro realizaba todas las diligencias para la asignación de un ginecólogo. En la segunda controversia sí les dieron la razón, así la jueza le ordenó a la autoridad penitenciaria que valorara médicamente a las representadas, determinara sus padecimientos, tratamientos y el seguimiento médico.

"Sí", responde al cuestionarle si eso significa que se atenderán los casos expuestos.

"Además confiamos en que pronto habrá un ginecólogo en el Cefereso (CPS 16), porque así se lo hicieron saber a un juez y no es fácil para una autoridad mentir ante una autoridad jurisdiccional, incluso podría ser un delito".

Ante la información, en poder de Reforma, de que las controversias referidas por el director no se plantearon por los defensores de ejecución adscritos a dicho centro, sino desde las oficinas centrales y obrando en el sentido de que están "divididos" entre sus funciones del proceso y la ejecución penal pese a ser materias distintas, se le preguntó el motivo por el cual un solo defensor lleva ambos asuntos. 

"El mismo abogado lleva el asunto desde que inicia hasta que termina y esto incluye todas las etapas. Eso nos permite que el abogado conozca perfectamente su asunto".

Pero también, aclara, está en revisión una propuesta académica.  

"Que en la etapa de ejecución, la ley de ejecución sea aplicada por un grupo de defensores especializados distinto al que lleva los procesos. Tenemos la necesidad de convencer al Consejo de la Judicatura de que esto sería lo óptimo", concluye el director del IFDP.