Agencias
MÉXICO, DF.- Las acusaciones de Jennifer y Mateo, testigos colaboradores de la PGR, no son las únicas que pesan sobre Tomás Ángeles Dauahare y otros militares.

ara lograr su libertad falta desmontar los señalamientos de un general y un mayor del Ejército, quienes también los acusaron de tener vínculos con los Beltrán Leyva.

El hecho de que la PGR admita que hasta ahora nada corrobora los dichos de esos testigos es un avance para que los generales dejen la cárcel, pero quedan pendientes otras acusaciones, según informa Milenio.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación señalaron que, además de los señalamientos de Jennifer y Mateo, existen los del general Ricardo Escorcia Vargas y del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes después de ser consignados aceptaron que personal de la SEIDO los obligó a declarar contra Ángeles Dauahare y demás militares.

No obstante, su alegato no fue tomado en cuenta y se les dictó auto de formal prisión. Por ello, falta que Escorcia Vargas y Reyna Muñoz demuestren que fueron obligados a firmar su declaración.

Los abogados Ricardo Sánchez Reyes Retana y Luis Fernando López Capella reconocieron que la posición de la PGR es una buena señal para que los militares dejen la cárcel, pero eso no marca el fin del caso.

Reyes Retana, quien representa a Ángeles Dauahare, señaló que la postura de la PGR es positiva para su cliente, pero no surte los mismos efectos para Escorcia y el teniente Silvio Isidro de Jesús Flores. Lo anterior porque ambos militares enfrentan acusaciones diferentes a las de Ángeles Dauahare y el general Roberto Dawe González.

Para Fernando Capella, defensor de Roberto Dawe, el oficio que envió la PGR al juzgado tercero de distrito del Estado de México no es suficiente, porque falta contrarrestar las imputaciones de Escorcia Vargas y Reyna Muñoz.

No se puede soslayar que el general y el mayor declararon que el ex subsecretario de la Defensa y Dawe González permitían el descenso de aeronaves cargadas con cocaína en Morelos y Quintana Roo, señaló.

Por eso, agregó, no es conveniente que su defendido se adhiera al cierre de instrucción para que se dicte sentencia, tal como lo ha hecho Ángeles Dauahare.

Mateo y Jennifer señalaron que el mayor Iván Reyna era intermediario del grupo criminal y el general Ángeles Dauahare, así como del general Escorcia Vargas. A ellos se les hacía llegar dinero por el intercambio de información, señalaron en sus acusaciones.

Más aún, el mayor aseguró que por orden de Escorcia Vargas acudió a un restaurante de Cuernavaca, Morelos, para recibir dinero en dólares para el ex subsecretario de la Defensa.

Este hecho fue admitido por Escorcia Vargas, quien incluyó en su declaración ministerial que a petición de Ángeles Dauahare mandó al mayor a recoger “documentos”, aunque siempre negó que se tratara de dinero.

En tanto, Reyna Muñoz declaró que, de “viva voz”, el general Escorcia Vargas le hizo saber que no se trataba de documentos, sino de dinero en dólares. Incluso, contó que las personas con las que se reunió le dieron la “impresión” de ser narcotraficantes.

En otra diligencia Mateo y Jennifer dijeron tener conocimiento que Ángeles Dauahare tenía trato con Juan José Esparragoza, El Azul, a quien identificaron como compadre y socio de Joaquín El Chapo Guzmán.

El general está “fuerte”

En entrevista con MILENIO Televisión y con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, dijo que el general presenta “deterioro”, pero muestra fortaleza y “cada vez más confianza en la justicia” del país.

Dijo estar contenta porque la PGR no ha logrado corroborar las acusaciones de los testigos protegidos, y confió en que marido “estará fuera en los tiempos que marca la ley”.

“Creo que al salir y comprobarse su inocencia tendrá que reivindicarse su nombre y el prestigio que obtuvo a través de tanto años, décadas. Se tiene que hacer justicia, no puede ser que hayan enlodado así a mi marido.”

Los coordinadores de PRI y PRD en el Senado, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, informaron que sus bancadas revisarán las figuras de arraigo y testigo protegido para desaparecerlos o acotarlos. Incluso, el priista recordó la inquietud del titular de la PGR, Jesús Murillo, por eliminar dichas figuras o en tener una nueva regulación.

Miguel Barbosa dijo tener la percepción de que, en el tema de los generales, el PRI quiere reconciliarse con el Ejército, pero si decide liberarlos debe sustentarlo jurídicamente. (Con información de: Angélica Mercado y Omar Brito)