Agencias
MÉXICO, D.F.- Jorge Hank Rhon, político y empresario dueño de Grupo Caliente, promovió un amparo para evitar ser detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que cree que es indagado por la Unidad de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

La interposición de la demanda de garantías se da a casi tres años de que Hank fue detenido por la citada dependencia, según informa Milenio en su edición impresa. 

La pasada administración lo acusó de acopio de armas, sin embargo, recuperó su libertad por las inconsistencias en el parte informativo que entregó el Ejército mexicano a la PGR.

La petición del amparo fue admitida por el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, el cual solicitó a la PGR, a la Policía Federal y a otras autoridades, entre ellas judiciales, que rindan informes para saber si existe una orden de localización, presentación o aprehensión contra el empresario, quien ya fue alcalde de Tijuana y candidato a gobernador de Baja California.

El 25 de agosto de 2011, un tribunal federal confirmó el auto de formal libertad dictado a Hank Rhon, debido a que la PGR no pudo acreditar los delitos que le imputó y porque se aportaron pruebas que se obtuvieron ilegalmente.

El magistrado Alejandro Rodríguez Escobar, titular del cuarto tribunal unitario, con sede en  Tijuana, Baja California, informó que el parte informativo que presentó el Ejército mexicano fue desvirtuado con las pruebas ofrecidas por la defensa y desahogadas en la dilación constitucional.

“…Las que demostraron que la intromisión a los domicilios fue ilegal, ya que, no existió motivo alguno, que justificara la flagrancia delictiva; los hechos descritos en el parte, no ocurrieron como en él se describieron”, subrayó.
También declaró infundados los seis puntos de agravio que presentó la PGR en la apelación.

Libertad y homicidio

El 14 de junio de ese año, la juez noveno de distrito con sede en Tijuana, Blanca Evelia Parra, decretó auto de formal libertad, por falta de elementos, a favor del dueño de Grupo Caliente y de 10 coacusados, que fueron detenidos por el Ejército mexicano la madrugada del 4 de ese mes, primero en el Hotel Suites Royal y posteriormente en su residencia, en posesión de 88 armas de fuego y más de nueve mil cartuchos útiles.

Ese mismo día, la Procuraduría General de Justicia de Baja California lo intentó detener por el homicidio de su nuera, pero le fue negada una orden de arraigo, ya que el Ministerio Público del fuero común no presentó pruebas suficientes sobre la probable responsabilidad del cargo mencionado.