21 de Septiembre de 2018

México

Pide Alianza Minera extradición de 'Napo'

Consideran que la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia demuestra que hay pruebas de un desvío de recursos.

Gómez Urrutia se encuentra en Canadá desde hace siete años. (Archivo/Notimex)
Gómez Urrutia se encuentra en Canadá desde hace siete años. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- La Alianza Minera Nacional, grupo disidente en el sindicato minero, se congratuló por la nueva orden de aprehensión que un tribunal del Distrito Federal giró contra el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, y pidió que sea extraditado.

En un comunicado su coordinador, Héctor Jiménez Coronado consideró que la nueva orden demuestra que hay suficientes pruebas de que Gómez Urrutia desvió recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Recordó que ese dirigente se encuentra en Canadá desde hace siete años y que se le acusa de haber desviado a cuentas personales dinero del fideicomiso con el que se indemnizaría a los obreros de Minera Cananea.

Ayer, el Sexto Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal libró una orden de aprehensión contra el líder minero, la cuarta en los últimos seis meses, "por existir datos que acreditan suficientemente el cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad penal" en el desvío de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/9645-4.

Al mismo tiempo, en su Resolución, el Magistrado del Tribunal ordena girar oficio a la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República para que proceda a la inmediata localización y captura del dirigente minero e internarlo en el Reclusorio Varonil Oriente para que lo ponga a disposición del juez federal de la causa, a fin de que rinda su declaración preparatoria y se resuelva su situación jurídica.

Esta orden de aprehensión reitera la presunta responsabilidad de Gómez Urrutia y cómplices en el desvío ilegal de los recursos del Fideicomiso Minero: los 55 millones de dólares que estaban destinados a distribuirse entre los trabajadores sindicalizados pertenecientes a las secciones del gremio minero vinculadas al Grupo México. 

Esta malversación configura un delito federal previsto el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que no le da al indiciado el derecho a libertad bajo fianza.

(Con información de Notimex y Milenio)

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