Durante las protestas que buscan presionar al Gobierno estatal para la búsqueda de cuatro miembros de una familia secuestrados por un grupo armado, la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, en el Municipio de José Joaquín Herrera, exhibió a más de diez menores portando armas.

 En una asamblea realizada el miércoles en la Montaña Baja de Guerrero, la dirección de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) juramentó a un grupo de 20 menores, con edades entre los 12 y 17 años, incluyendo a cinco niñas.

 Luego que el pasado viernes 19 de enero, hombres armados privaron de su libertad a Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52 años, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 32 y 20 años, cuando reunían su ganado en un punto conocido como Zacatepec, ubicado a hora y media de camino de la comunidad de Ayahualtempa.

  De acuerdo a la versión de los dirigentes de la CRAC-PF, los delincuentes pertenecen a la organización criminal de Los Ardillos.

  El consejero de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, aclaró que los niños y adolescentes que se incorporaron a las filas de la Policía Comunitaria no van a participar en las labores de búsqueda de las cuatro personas plagiadas.

 Denunció que las operaciones de búsqueda que desde el pasado domingo 21 están realizando las fuerzas federales y estatales, así como personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, no han dado ningún resultado.

  "El operativo del Gobierno sólo se centra en el territorio comunitario, pero no acuden a la zona donde los tienen secuestrados", afirmó Luis Morales.

  Según los dirigentes de la CRAC-PF, una persona que logró comunicarse vía telefónica con Cecilia Gaspar, una de las secuestradas, le comentó que los tenían plagiados en la comunidad de Tlanicuilulco, en el Municipio de Quechultenango, donde Los Ardillos tienen su centro de operaciones.

  Este martes, el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y personal de la FGE tuvieron una mesa de trabajo con pobladores y autoridades de esa zona en la comunidad de Alcozacán, del Municipio de Chilapa, para comprometerse a intensificar la búsqueda de los secuestrados.

Con información de Agencia Reforma.