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MÉXICO.- De la instauración de un régimen militar al incremento en el precio de la gasolina, pasando por un par de elecciones de dudosa credibilidad, casos de corrupción que permanecen impunes y el golpeteo interno para la definición de candidaturas.

Así transcurrió 2017, el año más violento en la historia reciente de México, un año donde la llamada "regresión autoritaria" ha sido la constante, tal como puede constatarse con la falta de resultados en el caso Odebrecht o el espionaje contra periodistas y activistas, indica The Huffingtonpost en su sitio web.

Ley de Seguridad Interior

A lo largo de todo el año, el PRI y sus aliados hicieron varios intentos por aprobar la polémica ley que da facultades extraordinarias a las fuerzas armadas en sus labores de seguridad pública. A pesar de que activistas y académicos manifestaron ante el Congreso sus preocupaciones por una ley que abre la puerta a que queden impunes las violaciones sistemáticas de derechos humanos a manos de militares, las elecciones en Nayarit, Estado de México y Coahuila retrasaron la aprobación de dicha ley. Sin embargo, la presión de los secretarios de Defensa y Marina en la recta final del año fue fundamental para que el presidente Enrique Peña Nieto dio señales para que las bancadas del PRI en el Congreso impulsaran la aprobación de la ley en tan solo dos semanas, pese a las críticas de la CNDH, ONU y organizaciones nacionales e internacionales, académicos y expertos de derechos humanos. Un caso que, de acuerdo con algunos autores, evidencia de manera clara la "restauración autoritaria" según los cánones del viejo régimen político en México. Y todo, aún cuando los impulsores de la Ley de Seguridad Interior reconocen que dicha ley no resolverá los problemas de inseguridad del país.

Gasolinazo

Apenas comenzó 2017 y el incremento en los precios de los combustibles se resintió en el bolsillo de los mexicanos, situación que provocó una serie de protestas en las calles, mismas que fueron sofocadas con el transcurrir de las semanas. Las consecuencias del llamado gasolinazo se tradujeron en una nueva crisis para el gobierno federal, toda vez que el incremento de los energéticos fue consecuencia directa de la reforma energética. Una reforma que, de acuerdo con el presidente Peña Nieto, supuestamente serviría para bajar el precio de los energéticos. Pero el incremento de la gasolina también tuvo efectos colaterales en los altos niveles de inflación registrados a lo largo del año, mismos que, según las últimas estimaciones del Banco de México, cerrará por encima del 6.63% anual, lo cual provocará dificultades económicas en año electoral.

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Espionaje contra activistas y periodistas

Primero fueron las denuncias de espionaje contra activistas y promotores de aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas. Luego se sumaron las denuncias de periodistas y activistas, cuyas comunicaciones fueron intervenidas por un software espía conocido como Pegasus, el cual solamente se vende a gobiernos y fue adquirido por el gobierno mexicano. Esta es la razón por la cual los personajes involucrados no dudaron en señalar al gobierno de Enrique Peña Nieto como el principal responsable de realizar labores de espionaje ilegalmente en contra de opositores al gobierno. Un caso que, como muchos otros, no ha generado consecuencias para los responsables y ha despertado preocupación a nivel internacional.

La captura de Duarte

Uno de los temas que más atención mediática recibió a lo largo del año fue la captura del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, durante su estancia en Guatemala y todas las secuelas de su extradición a México. Un caso que dejó muchas dudas por la aparente entrega pactada de Duarte que incluyó la complacencia del gobierno mexicano para dejar escapar a su esposa, Karime Macías, quien se encuentra en Europa mientras continúa el proceso contra su esposo. Pero el veracruzano no fue el único Duarte en marcar tendencia durante 2017, ya que hace apenas unas semanas, una serie de revelaciones de exfuncionarios del gobierno de Chihuahua, durante la administración de César Duarte, permitió documentar desvíos millonarios por más de 500 millones de pesos para las campañas electorales del PRI en 2016. Esto, mediante un previo acuerdo entre el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.