Agencias
MÉXICO, D.F.- El Partido Acción Nacional (PAN) criticó el fallo de la SCJN que liberó a la ciudadana francesa Florance Cassez, acusada de secuestro, asimismo anunció que llevará a cabo una cruzada nacional a favor de las víctimas y no descartó llevar el caso a instancias internacionales.

"Creemos y estamos de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado para pedir a la SCJN que revise sus actuaciones" dijo en entrevista con Notimex el subdirector jurídico del CEN panista, Eduardo Aguilar Sierra.

Aguilar Sierra, consideró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudo regresar el caso al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

De haberlo hecho, agregó, dicho tribunal habría podido revisar "las pruebas debidamente integradas y que no estaban afectadas por el montaje, para de esta manera emitir una sentencia que pudiera establecer la culpabilidad o la inocencia de Florance Cassez".

Citó como ejemplo un caso ocurrido en la República Checa, en donde el tribunal judicial decidió valorar las pruebas que no estaban contaminadas y con base en ello dar su veredicto, y "esto es lo que nosotros hubiéramos querido en este caso".

Aguilar Sierra consideró que en el caso de Cassez se debió haber tutelado el derecho de las víctimas y que se valoraran las pruebas que no estaban impugnadas para pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la francesa.

Señaló que ahora lo que queda es recurrir a la Convención Americana de los Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Deslindar responsabilidades

Por su parte, el senador panista Javier Corral criticó el otorgamiento de un "amparo liso y llano" a la ciudadana francesa acusada de secuestro, pero se pronunció por deslindar responsabilidades en el caso del "montaje" televisivo realizado luego de la captura.

Por separado, el vicecoordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya consideró que el caso Cassez deja en evidencia la crisis que atraviesan las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como las corporaciones policiacas del Estado mexicano.

Estimó que la SCJN tendría que haber impuesto una sanción a los funcionarios que incurrieron en negligencia y violaciones a los derechos humanos de la acusada, que fue lo que finalmente dio pie a su liberación