Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidencia mexicana está realizando maniobras jurídicas para impedir que se haga pública información sobre las escuchas telefónicas que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno.

Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la Administración de Enrique Peña Nieto, ha pedido a la Suprema Corte de Justicia impugnar una decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que había solicitado publicar detalles de los pinchazos telefónicos en México tras la solicitud de un particular.

Castillejos aludió a la seguridad nacional para convencer a los jueces del tribunal constitucional de aceptar el recurso. El presidente del Supremo, Luis María Aguilar, admitió el trámite el pasado 4 de agosto. Con esto, se suspende momentáneamente la difusión de los datos de espionaje telefónico que había sido ordenada por el INAI. Los jueces decidirán en los próximos seis meses el litigio, afirmó el diario Reforma.

El Cisen realiza gran parte de su labor en las sombras, alejado de la rendición de cuentas y transparencia a la que son obligadas otras instituciones del Gobierno. A raíz de una petición de información de una persona, el centro afirmó que en 2014 solicitó a jueces federales intervenir 747 comunicaciones privadas, cada una de ellas con una vigencia de 360 días. Solo 21 casos fueron negados por los magistrados. El Cisen evitó decir cuántas personas y dispositivos fueron espiados porque esto podía poner en riesgo la seguridad nacional.

El INAI, no obstante, dijo que nada impedía al centro dar a conocer la cifra. “La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentra vinculada”, se afirmó en un pleno del instituto.

El Cisen ha incrementado sus operaciones de espionaje en este sexenio. Otra petición de transparencia afirma que el Estado solicitó intervenir las llamadas telefónicas de 340 ciudadanos durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Fue en el último año del mandato cuando más solicitudes de intervención de comunicaciones fueron presentadas ante los jueces, con 214.

En 2013, el primer año de Peña Nieto en el poder, la cifra creció hasta llegar a las 530 comunicaciones intervenidas. El 2014 culminó con 747. El INAI no permite que se divulgue el contenido de las llamadas, que a diferencia de las obtenidas por otras dependencias como la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no pueden ser utilizadas como pruebas en juicios y procesos penales.

Esta es la segunda ocasión en el sexenio que la presidencia trata de evitar que se dé respuesta a una solicitud de información. En septiembre pasado, el consejero Castillejos dijo que por seguridad nacional debía mantenerse en secreto el itinerario, plan de vuelo y los pasajeros que habían abordado los aviones operados por el Estado Mayor Presidencial.

(Con información de internacional.elpais.com)