PAOLA FLORES

LA PAZ, BOLIVIA.- El presidente boliviano Luis Arce viajará el martes a México, en su primera visita oficial desde que asumió el poder, en momentos en que su gobierno es cuestionado por la comunidad internacional por la detención preventiva de su predecesora. 

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador invitó hace dos meses a Arce para participar de celebraciones en ese país, informó el vocero presidencial Jorge Richter a la televisora Unitel.

Arce viajará por la tarde y entregará el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, quien estará a cargo del país por casi tres días.

El viceministerio de Comunicación informó que el gobernante será declarado "huésped distinguido de la Ciudad de México", y participará de una sesión del senado de ese país y retornará al país el jueves 25 al país.

Horas antes de la partida de Arce, el mandatario participó del acto de conmemoración del Día del Mar, en recuerdo de la batalla de Calama (actual territorio de Chile), en la denominada Guerra del Pacífico con Chile hace 142 años y en la que Bolivia perdió su litoral.

En el evento aseguró que continuará con la agenda que dejó el expresidente Evo Morales e hizo un nuevo llamado de diálogo al gobierno de Chile sobre una salida al mar para Bolivia sin claudicar en su demanda por un acceso soberano a las costas del pacífico después de que, en 2018, la Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió que Chile no tiene obligación de negociar.

Jeanine Áñez denuncia atentado contra su salud

En paralelo, la expresidenta interina Jeanine Áñez denunció a través de Twitter desde la cárcel, donde está detenida preventivamente desde hace una semana, que se está "atentando contra su salud" porque no fue llevada a una clínica para recibir atención médica por su cuadro de hipertensión.

"No confío en los médicos del gobierno, ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones, ni estudios previos, sólo con el fin de mantenerme en sus celdas", se lee en la foto de la carta escrita a mano.

Mientras, la oposición y partidarios de Arce y el expresidente Evo Morales mantenían una pulseada en las calles. Ambos bandos realizaron concentraciones numerosas para exigir justicia.

La oposición pidió la liberación de Áñez y de sus exministros y los seguidores a Arce que se la juzgue por las muertes ocurridas durante su gobierno tras la crisis política y social que se desató en 2019 y que dejó 36 muertos. 

Áñez está acusada de promover un supuesto golpe de Estado contra Morales junto a varios líderes políticos. Tanto Áñez como otros opositores han rechazado la acusación y señalaron a Arce y a Morales de desatar una "persecución judicial" por venganza. Arce ha rechazado esas acusaciones.

El lunes por la noche el Ministerio Público admitió tres juicios contra Áñez por un préstamo presuntamente inconstitucional contraído con del Fondo Monetario Internacional, por la supuesta violación de la libertad de expresión durante la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19 y por presunta violación de los derechos humanos.

En medio de denuncias de un presunto fraude en los comicios de octubre de 2019 en los que Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo, el entonces mandatario renunció y se asiló primero en México y luego en Argentina. Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió el cargo interinamente. Morales retornó a Bolivia después de que Arce juró como presidente.

Organismos internacionales cuestionan a Arce

Arce ha conseguido apoyo político en sus países amigos como México, Cuba y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), pero ha sido cuestionado por los organismos internacionales.

La semana pasada el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habló con el gobernante y le remarcó la importancia de respetar los derechos humanos y las condiciones de detención de los arrestados.

El mismo pedido fue realizado por la Unión Europea, la organización internacional Human Rights Watch y la Organización de Estados Americanos (OEA). Este último generó el rechazo de la cancillería boliviana.