Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó de “deficiente” la política de reinserción social en los penales, al revelar que cuatro de cada 10 reos liberados vuelven a delinquir.

En el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014, el órgano advirtió que el sistema nacional penitenciario se caracterizó por la “marginal reinserción social de los individuos que purgaron una sentencia”, lo que contribuyó a una situación precaria en las condiciones de seguridad pública nacional.

Aunque el organismo señaló que se invirtieron más recursos y, además, un número mayor de reclusos acudieron a las actividades de reinserción, por cada 10 internos que fueron liberados, cuatro volvieron a transgredir la ley.

Consideró que las acciones para reincorporar a los infractores a la sociedad son deficientes, “por lo que persistió el problema que dio origen a la política pública”.

De acuerdo con la ASF, la cifra de reos que reincidió se incrementó en casi 634 por ciento en siete años, es decir, que de mil 400 reincidentes en 2007 se pasó a 10 mil 901 en 2014.

Además, cuestionó la efectividad de los tratamientos para reincorporar a los delincuentes, ya que pese a que más de 80 por ciento de los sentenciados participaron en estas actividades, 44 por ciento reincidió.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que en los penales federales del país no había oportunidades reales para incorporarse, debido los problemas de corrupción, maltrato, hacinamiento y malas condiciones que privan en las celdas de castigo.

La ASF reportó que en este tipo de actividades y en la operación misma de los centros penitenciarios federales se ejercieron poco más de 15 mil millones de pesos.

Ante esta situación, urgió a implementar políticas más efectivas para los programas que reincorporen a quienes ya cumplieron su condena.

Esta situación no es exclusiva de las cárceles federales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 29 mil personas recluidas en cárceles estatales por cometer por segunda vez o más el mismo delito del fuero común.

La entidad con el mayor número de presos reincidentes es Sonora, que, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2015, cuenta con seis mil 754 reincidentes, seguido por la Ciudad de México, con cuatro mil 638 reos en esa condición.

Entre los delitos que se cometen más de una vez por un preso está el robo, con cinco mil 361 casos a nivel federal; el narcomenudeo, con tres mil 226, y el homicidio, con mil 500 casos.

Vuelve la normalidad

En este contexto, a seis días de “la batalla campal” entre grupos antagónicos que dejó 49 reos y 12 heridos, el miércoles el penal de Topo Chico, en Monterrey, abrió sus puertas a los medios de comunicación.

Pese a que los trabajos de reparación avanzan, aún quedan las huellas de los disturbios que develaron lo que las autoridades han denominado un autogobierno.

Se respira una tensa calma, que lo mismo permite al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, oficiar una misa en donde no hace mucho era zona de guerra, que a un grupo de reporteros recorrer los escenarios en los que quedaron 49 cuerpos.

En la zona conocida como “rondín”, la primera que se aprecia tras pasar los filtros de seguridad, quedaron ocho cadáveres, otros en uno de los costados del campo de futbol, que divide los lugares en los que habitaban los líderes cuyos grupos protagonizaron la pelea.

Funcionarios de la administración estatal revelan que en Topo Chico se generaban ganancias de hasta cinco millones de pesos a la semana en actividades ilícitas.

Se cobraban 20 pesos por los alimentos, la misma cantidad por recibir visitas, cinco por acceder a un teléfono público y hasta mil 500 pesos por la visita conyugal.

La normalidad empieza poco a poco a retornar: las llamadas ya no cuestan, el comercio interno parece florecer y los internos juegan en la cancha que hace unos días se pintó de sangre.

Sin embargo, la petición es unánime: que la atención prestada durante esta semana no se diluya con el paso del tiempo.

Más críticas

A los reproches al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por su actuación ante esta masacre se sumaron el miércoles senadores de PAN, PRI y PRD.

Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva, criticó que el mandatario hablara sobre la necesidad de construir un nuevo reclusorio.

Emilio Gamboa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que nada justifica lo sucedido y reconoció que es necesaria la construcción de otro penal en el estado.

Armando Ríos Peter presentó un punto de acuerdo en el que pidió exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social que den detalles sobre las condiciones que guardan los penales federales.

La cárcel que visitó el Papa

Por otra parte, la prisión estatal que visió Francisco es una de las más peligrosas y violentas del país. Al menos 41 personas murieron por pleitos y motines en los últimos siete años.

El Papa Francisco se reunió con 700 reos del Centro de Readaptación Social Estatal número 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua, considerado en 2012, por el entonces fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Eduardo Guerrero, como el penal más peligroso de América Latina.

Entre 2009 y 2011 ocurrieron masacres, riñas entre grupos rivales y hasta orgías con menores de edad adentro de la penitenciaria, en la que están presos integrantes de grupos delictivos como La Línea, Los Aztecas, Los Artistas Asesinos y Los Mexicles. Al menos de 2009 a la fecha han sido asesinados 41 reos.

El Pontífice dijo ante los reclusos que la violencia e inseguridad no se resuelve encarcelando a las personas. Francisco saludó a 30 hombres y 20 mujeres, elegidos por su buena conducta.

En el penal hay tres mil hombres y más de 200 mujeres y actualmente una barda divide a los presos ligados a bandas delincuenciales rivales para evitar masacres como la ocurrida el 25 de julio de 2011, entre reos vinculados con La Línea y Los Aztecas y que dejó 17 muertos.

Un día antes de esa masacre, internos del penal realizaron una orgía de entre 30 y 40 mujeres, cuatro de ellas menores de edad, informó la Fiscalía estatal el 27 de julio de 2011.

Un año antes, el 8 de junio de 2010, ocurrió una riña entre grupos de Los Aztecas, ligados al cártel de Juárez, y Los Artistas Asesinos, vinculados al cártel de Sinaloa, la cual dejó tres internos muertos y cuatro más lesionados, además de un policía federal.

A principios de marzo de 2009, reos de la banda Los Aztecas sometieron a custodios del penal y mataron a 20 internos y lesionaron a siete más de las bandas Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, ambas vinculadas con el cártel de Sinaloa.

El 6 de octubre de 2015, Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General del Estado, informó que el reo Germán Raymundo Parra Mijares fue asesinado por tres compañeros de celda.

Las cárceles de Chihuahua tienen la certificación de Estados Unidos, después de la estrategia implementada por el gobierno estatal mediante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía de Chihuahua, la cual estuvo a cargo de Eduardo Guerrero desde 2010, con el fin de perfeccionar un sistema penitenciario "devastado" y "universidades del crimen", donde operaban palenques, tables dances y pistas de carreras para caballos, dijo Guerrero a Milenio en una nota publicada el 18 de junio de 2014.

Guerrero Durán actualmente es el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.