Milenio Digital
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Conmigo se ensañaron, dijo Nestora Salgado García tras quedar en libertad el viernes 18 de marzo luego de dos años y siete meses en prisión, como parte de una persecución del Estado mexicano contra una mujer cuyo único delito fue defender a su pueblo del crimen organizado.

Víctima de un proceso judicial turbio, sin pruebas en su contra, y al parecer por consigna —como la propia Nestora denunció—, la comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, cobró renombre internacional como presa política y desató múltiples movilizaciones en México y otros países en demanda de su liberación inmediata.

Incluso en febrero pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró a Salgado como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena, por lo que exigió a México su excarcelación.

También activistas de Costa Rica, Australia, Argentina, Nueva York, Seattle, País de Gales, Inglaterra y Brasil, junto con familiares, amistades, activistas de Derechos Humanos (DH), sindicalistas, artistas, feministas, académicas y periodistas crearon la campaña #NestoraLibre.

Cuando la posibilidad de que Nestora quedara libre comenzaba a desvanecerse ante las trabas judiciales de las autoridades (con la presentación de más órdenes de aprehensión por el supuesto delito de secuestro), los juzgados de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, todos en Guerrero, fallaron que no había pruebas para condenarla a prisión por los cargos de robo de armas, secuestro y homicidio; así, debía ser excarcelada del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la Ciudad de México.

Respirar la libertad

"¡Soy libre y es la libertad del pueblo, para que no nos sigan reprimiendo; no vamos a permitir que nos sigan pisoteando, y si es necesario utilizaremos esto!", exclamó la mujer de 44 años, ataviada con su uniforme verde olivo y gorra negra, mientras levantaba un rifle tras salir del penal y resguardada por 41 de sus compañeros de la PC.

Refrendó que continuará al frente de la defensa de su pueblo mediante la autoorganización, derecho estipulado —pero ignorado por las autoridades— en la Ley 701 de Guerrero, que respalda la cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Asimismo, anunció que no cejará para que otras presas y presos políticos de su estado y todo el país queden en libertad.

El pasado está presente

A los 19 años y con su hija de apenas tres, Nestora emigró a EU. En Washington trabajó de pastelera, mesera y en tareas de limpieza. Más de 10 años después —ya con la nacionalidad estadunidense— regresó a su entidad natal, para entonces marcada por la militarización y el crimen organizado.

Previo a su detención el 21 de agosto de 2013 —en un megaoperativo policial y militar—, durante 10 meses Nestora caminó al lado de la población indígena y comandó la PC de Olinalá, un poblado de La Montaña guerrerense.

Haber estudiado solo la secundaria no mermó en esta mujer su capacidad para proponer soluciones y ser una lideresa nata. En menos de un año, la activista trabajó por la seguridad de su pueblo, bajó el número de plagios, el robo de ganado y los asesinatos, y además implantó un sistema de reeducación para quienes delinquieran, un trabajo que le valió ser aprehendida y encarcelada arbitrariamente.

Con Nestora al frente de la PC, el pueblo se sentía seguro y la gente empoderada. Incluso pobladores de otras comunidades iban a buscarla para que los organizara.

Lideresa en una policía integrada en su mayoría por varones, ella apostó por la autoorganización para que sus hijas y nietos no vivieran en la violencia, y se dedicó a la defensa de los DH, como ella misma contó en sus cartas desde el encierro.

Su lucha se hizo visible el 27 de octubre de 2012 cuando Olinalá atendió el repicar de las campanas de la iglesia para convocar a una asamblea. Aquel día, la gente conmocionada se preguntó qué hacer ante el reciente asesinato de un joven de la comunidad.

Clara en sus ideales, la activista tomó el micrófono y dio respuestas; su primer llamado fue a la unidad. Nació entonces el Concejo Social Olinalteco que organizaría la PC, de la que luego fue electa coordinadora. Así Nestora se hizo comandanta.

Represión y encarcelamiento

Nestora comenzó a tocar los intereses de los amigos del edil de Olinalá, Eusebio González, y el del entonces gobernador Ángel Aguirre.

El precio del chile, de los materiales, del mercado, todo lo controlaba el grupo cercano al alcalde, dijo en su momento un poblador a Cimacnoticias. Incluso en una entrevista en agosto de 2013, Nestora dio nombres de funcionarios municipales que pretendían monopolizar la venta de materiales de construcción.

El 15 de agosto de 2013, la comandanta fue informada de que cerca del poblado de Huamuxtitlán había una balacera. Al llegar al lugar, los comunitarios descubrieron al síndico Armando Patrón intentando subir una vaca a su camioneta. Al parecer la res había sido robada a un hombre de la PC; era evidencia de un crimen, pues habían muerto dos personas en la balacera.

Patrón Jiménez fue llevado a la Casa de Justicia de El Paraíso. Esa acción no se le perdonó a Nestora. Esa misma tarde, enviados estatales presionaron para que liberaran al síndico.

La tensión creció. Dos días después, Eusebio González acordó con el entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, denunciar penalmente por "privación de la libertad" a Nestora y a comunitarios de Ayutla, donde se encuentra la Casa de Justicia El Paraíso.

Pero Nestora no se detuvo y desenmascaró los nexos del ayuntamiento con el crimen organizado. La misoginia y la corrupción hicieron alianza contra la comandanta.

Desde el primer arribo del Ejército en noviembre de 2012, éste buscó amedrentar a la PC y a su lideresa. En julio de 2013, la comandanta ya había denunciado también la prepotencia del "teniente Sierra" de la Marina, quien había amenazado con detenerla, al igual que a varios de sus compañeros por "portación de armas de uso exclusivo del Ejército".

Días después de la detención de Nestora, el Ejército desarmó a más de 200 comunitarios del municipio de Tixtla y detuvo algunos de sus miembros, la mayoría indígenas.