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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio la razón a líderes del crimen organizado, secuestradores y capos del narcotráfico, internos en penales federales de Jalisco y el Estado de México, luego de que se quejaran por el aumento de precios de los productos que se venden en las tiendas de las cárceles.

“La Profeco buscará que se proporcione la información y/o documentación que acredite que los artículos y/o productos que se venden a las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), sean vendidos al mismo precio que se paga por ellos en el mercado regular”, advirtió, según el portal Milenio.

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La dependencia mencionó que todos los consumidores, independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan como tal, incluidos los centros penitenciarios, cuentan con la salvaguarda de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ser un derecho constitucional.

Expuso que esto debe ser como lo considera el capítulo II de las ventas, artículo 118 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de noviembre de 2006. 

Apuntó que, “se emitió un oficio que contiene un requerimiento de información con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dirigido a la empresa Klasnic, S.A. de C.V., la cual ha manifestado que en los próximos días rendirá un amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean a esta denuncia”.

La dependencia acotó que la finalidad de este requerimiento es vigilar que se respete dicha ley, que en su artículo 6 establece que, “están obligados al cumplimiento de la misma las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de Ciudad de México, en cuanto tengan el carácter de proveedores, en unión de empresas privadas”.

Reveló que el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, ha sostenido encuentros con representantes de la empresa Klasnic, SA de CV, proveedora de los productos que se comercializan dentro de los Ceferesos, y con Cuauhtémoc Villarreal, representante del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad.

Las quejas 

Más de 60 presos del penal del Altiplano y unos 70 del centro de reclusión Occidente firmaron sendas quejas las cuales fueron dirigidas al titular de la Profeco, en donde aseguraban que “además de ser obligados a comprar productos para su alimentación, aseo y papelería, los costos eran excesivos hasta en 40 por ciento, lo cual ocurre desde octubre pasado cuando se reconfiguró el sistema de tiendas en los Ceferesos.

Los quejosos explicaron que son “obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, ya que solo existe una opción que monopoliza la venta de productos”.