Milenio
MÉXICO, D.F.- La modernización en materia energética se encuentra en una disyuntiva en que se corre el riesgo de no alcanzar algún avance o ir a una aventura en la que se caiga en la depredación del sector, aseguró Diego Fernández de Cevallos.

En charla en El asalto a la razón con Carlos Marín, el excandidato presidencial del PAN consideró que en las discusiones se deben tomar en cuenta todas las propuestas, a fin de que se aprueben las modificaciones convenientes para todos los mexicanos.

Fernández de Cevallos rechazó que tenga interés personal en la legislación que se apruebe.

“Si haber regresado de mi secuestro solamente tuviera como resultado que yo pudiera apoyar en algo una reforma energética buena para México, valió la pena regresar. No es cuestión de negocio, es cuestión de México, es cuestión de patria”, expresó.

Respecto de la “prueba piloto” que sugiere para corroborar si las modificaciones constitucionales representan ventajas para el país, ejemplificó con un rancho: “Vamos a suponer que a cualquier hombre del campo se le propone que ya no siembre los alimentos que tradicionalmente cosecha y que cambie a algo muy sofisticado,  porque vienen unas empresas internacionales que le darán a ganar mucho dinero. ¿Yo que diría como hombre de campo?: Vamos haciendo la prueba. Toma una pequeña superficie de mi propiedad y hagamos una experiencia, de tal manera que si nos va bien, vayamos para adelante, y si no funciona, se detiene y se buscan rectificaciones”.

Como articulista invitado en MILENIO, el panista propuso analizar la aprobación de un artículo transitorio en la ley secundaria en que se delimite una zona del territorio para la apertura parcial de contratos de exploración y extracción con la iniciativa privada y, en caso de que el esquema resulte exitoso, se amplíe a más zonas, es decir, “comprometer un espacio como prueba piloto”.

Respecto de la aplicación de la cláusula Calvo, Fernández de Cevallos explicó que a través de su aprobación en el Congreso se garantiza la rectoría del Estado en materia energética a fin de que las empresas extranjeras que determinen participar en el sector no involucren a los tribunales extranjeros en los acuerdos.

“Es una cláusula que se refiere a extranjeros para que se ponga desde la Constitución que ninguna empresa extranjera, en caso de intervenir en exploración, explotación, o en nada que toque a esta materia, pueda invocar las leyes o tribunales de sus países, y que si lo hacen pierdan en beneficio de la nación mexicana cualquier derecho que pudieran tener. Esta es la única forma que yo advierto para tener consolidada la rectoría del Estado y su soberanía”, detalló.