Agencias
MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la acción de inconstitucionalidad que promovió el PRI en la Cámara de Diputados contra la ley que obliga al Senado a ratificar los nombramientos del comisionado de Seguridad Nacional y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el ministro que analizará los alegatos firmados por 172 diputados, que demandan la invalidez de cuatro fracciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las porciones normativas del artículo impugnado son XII, XVI, XXX y el último párrafo de la mencionada ley, que establecen que los nombramientos de los mandos de seguridad tienen que ser ratificados por la Cámara de Senadores.

Asimismo, la obligación de que el secretario de Gobernación tenga que comparecer cada seis meses en las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado.

En diciembre de 2012, la Cámara de Diputados avaló por mayoría de votos las modificaciones a la Ley de la Administración Pública, que fue promulgada el 2 de enero del presente año. Los cambios incluían la desaparición de dos secretarías y nuevas atribuciones a Gobernación.

Sin embargo, el grupo parlamentario del PRI amagó con recurrir a la Corte para que se deje sin efecto la decisión de que el Senado ratifique los nombramientos de los mandos en materia de seguridad.

La ley fue aprobada por la oposición, es decir PAN y PRD, dejando claro que el nombramiento del comisionado y del secretario ejecutivo tenían que ser ratificados, además de la obligada comparecencia del secretario de Gobernación.

El día de la votación, desde la tribuna de San Lázaro, el vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, advirtió que una vez publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación la impugnarían.

En tanto, el PAN y el PRD en el Senado lamentaron la impugnación que presentaron los diputados del PRI contra la ley orgánica de la administración y señalaron que refleja que el Ejecutivo federal quiere gobernar sin límites.

Durante la aprobación de esta legislación en la Cámara alta, la oposición hizo una alianza para establecer que altos mandos policiacos sean ratificados por el Senado y que acudan a comparecer periódicamente.

Al respecto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, calificó el hecho como un error táctico que daña más al gobierno. Se dijo tranquilo y consideró que la Suprema Corte de Justicia avalará lo aprobado por los senadores.

Comentó que mientras la Corte no resuelva, la ley está vigente, por lo que espera que una vez iniciando el periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de febrero, el presidente Enrique Peña envíe los nombramientos respectivos.

El panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que es lamentable la acción de inconstitucionalidad que presentaron los priistas, pues sienta un antecedente “preocupante” que debe ser tomado en cuenta por los integrantes del Pacto por México.