Agencias
MÉXICO, D.F.- Si bien tenemos que acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó la consulta popular sobre el salario mínimo promovida por el PAN, hay que señalar que el fondo empleado para justificar la votación mayoritaria de los magistrados de ninguna manera corresponde a la realidad porque mejorar las percepciones de la gente no implica directamente afectar el ingreso y el gasto del estado mexicano, como se argumentó, señaló Acción Nacional.

La situación aparente parece indicar que la Corte rechazará a final de cuentas todas las solicitudes de consulta popular, como ya lo hizo con la salarial, promovida por el PAN y la petrolera, que solicitaron tanto el PRD como Morena, señaló el blanquiazul.

Sobre la última por analizar, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada panista Beatriz Zavala Peniche, dijo que “es claro que la pregunta formulada por el PRI respecto de la reducción del número de legisladores federales, en específico de los plurinominales, es inconstitucional, pues se refiere a asuntos electorales y éstos no son motivo de consulta”, según publica Milenio.

Expuso que el PRI siempre supo que su pregunta era de un tema electoral y que sería rechazado y, en este sentido, “es una pena que para justificarle al PRI, se resuelva rechazando todas las consultas populares, nulificando a los mexicanos su derecho a responder a una consulta ciudadana que por primera vez en la historia del país se realizaría”.

Dijo que aunque hay claroscuros en la determinación de la SCJN, en el caso de la consulta de los partidos de izquierda sobre la reforma energética si pudiera implicar una afectación al ingreso-gasto, como se argumentó en la Corte, debido a que, por ejemplo, los ingresos petroleros están directamente vinculados al presupuesto público.

-Esto no ocurre con la pregunta planteada por el PAN –aclaró-, pues se dirigía al ciudadano para plantear la posibilidad de elevar el salario mínimo, un asunto que ocurre entre particulares: entre quien paga y quien recibe un sueldo.

La legisladora negó que haya algún artículo de la Constitución violentado con la propuesta que busca un salario digno para el trabajador, y mucho menos con afectar el ingreso o gasto del Estado mexicano, pues lo único que se proponía es preguntarle al ciudadano su opinión sobre los criterios para mejorar la economía de la gente.

"En México hay siete millones de trabajadores formales a quienes su salario no les alcanza ni para comprar la canasta básica", dijo. 

"No se debe, como lo hicieron políticamente los ministros al rechazar la consulta, argumentar que un aumento al salario afectará el ingreso-gasto del gobierno de México, pues deja en estado de indefensión a quienes no son trabajadores del Estado", añadió.