17 de Enero de 2018

México

Reforma en telecomunicaciones, dedicada a Slim

Contempla la desagregación de todas las redes locales de telefonía, tv restringida e internet fijas y hasta 100% de inversión extranjera.

Desde hace muchos años Teléfonos de México se ha amparado contra la obligación de compartir sus redes de acceso a los hogares de los suscriptores. (Archivo/Notimex)
Desde hace muchos años Teléfonos de México se ha amparado contra la obligación de compartir sus redes de acceso a los hogares de los suscriptores. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El consejo rector del Pacto por México presentará este mediodía el proyecto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, que entre otros aspectos prevé la desagregación de todas las redes locales de telefonía, televisión restringida e internet fijas, según publica Milenio.

Esta medida pretende que los concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos que permitan la interconexión exitosa entre las redes públicas y las centrales locales.

De acuerdo con uno de los últimos borradores de la reforma constitucional, se establece que los concesionarios podrán elegir los elementos de las redes locales que requieran y las centrales locales a las que deseen acceder, hecho que en el mundo se conoce como desagregación del bucle local, pues generalmente esta red se encuentra en manos del operador más poderoso del mercado.

Desde hace muchos años Teléfonos de México se ha amparado contra esta obligación de compartir sus redes de acceso a los hogares de los suscriptores, conocido también como bucle local.

La iniciativa, que deberá ser firmada y presentada formalmente ante el Congreso de la Unión por el Ejecutivo, contempla la creación de un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con facultades no solo para otorgar y revocar concesiones, sino también para limitar la concentración de frecuencias, ordenar la “separación contable, funcional o estructural” de agentes dominantes.

El Ifetel será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites.

La iniciativa, que deberá ser firmada y presentada formalmente ante el Congreso de la Unión por el Ejecutivo

“La Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez integrada la investigación que en cada caso corresponda respecto de conductas anticompetitivas, podrán presentar la querella correspondiente ante el Ministerio Público en los términos del artículo 21 de la Constitución”, subraya el proyecto.

El Ifetel sustituye a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y será la autoridad responsable de otorgar y revocar concesiones previa opinión “no vinculante” del Ejecutivo federal, e incluso estará facultado para interponer querellas ante la PGR por prácticas monopólicas en el sector.

Las resoluciones de ese organismo podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto, pero no serán objeto de suspensión provisional.

El proyecto discutido y consensuado en el marco del Pacto por México plantea reformas y adiciones a ocho artículos de la Constitución Política, con un plazo de 210 días posteriores a su publicación para que el Congreso apruebe todas las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria sobre telecomunicaciones y competencia económica.

“En un plazo de 210 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal, de orden público e interés social, que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, la redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”, subraya el documento.

La iniciativa plantea la integración de tribunales del Poder Judicial de la Federación y divisiones del Ministerio Público especializadas en la materia.

Adicionalmente, en un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, la CFE cedería totalmente a Telecom su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, edificios e instalaciones.

Asimismo, la reforma plantea la aplicación de los esquemas de must carry y must offer, con lo cual los concesionarios y permisionarios de televisión estarían obligados a facilitar gratuitamente sus señales de los operadores de televisión restringida, a fin de que éstos puedan retransmitirlas.

Considera igualmente licitar por lo menos dos nuevas cadenas nacionales de televisión dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación de las reformas en el Diario Oficial de la Federación y admite la inversión ciento por ciento extranjera en empresas del sector telecomunicaciones.

Destaca la obligación de los actuales concesionarios y permisionarios de devolver los canales que les fueron originalmente otorgados, una vez que concluya la transición digital terrestre el 31 de diciembre de 2015. Ello, con el fin de liberar y aprovechar el espectro de 700MHz para garantizar el acceso universal a la banda ancha.

El documento delinea igualmente una política de inclusión digital, con la meta de que al menos 70 por ciento de los hogares mexicanos y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a una velocidad de descarga de información dentro del promedio de los países integrantes de la OCDE.

Nuevo instituto
  • El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se integraría con siete comisionados designados en forma escalonada, a propuesta del Presidente y con la ratificación de dos terceras partes de la votación en el Senado.
  • La duración de esos funcionarios en sus cargos sería de siete años, con la posibilidad de ser reelectos para otro periodo similar.
  • En ese tiempo estarán impedidos de conocer asuntos en los que tengan interés directo o indirecto en los términos que la propia legislación secundaria determine y tendrán un salario similar a los ministros de la Corte.

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