Leonor Flores/Milenio
MÉXICO, D.F- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda revisa a las empresas interesadas en participar en la Ronda Uno, a fin de verificar que el capital no tenga un origen ilícito.

Hasta ahora se estima que pueden generar inversiones por casi 22 mil millones de dólares las tres licitaciones lanzadas para explorar y extraer hidrocarburos.

También el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace lo mismo para el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Se han publicado tres convocatorias para la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, en la adjudicación de contratos de exploración y extracción de campos petroleros en aguas someras y en tierra.

La primera invitación es para invertir en 14 áreas de exploración en aguas someras, por un monto estimado en 16 mil 700 millones de dólares; la segunda es para cinco áreas, por cuatro mil 700 millones de dólares, y la tercera para 26 campos en tierra, por 627 millones de dólares.

En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi) alertó que se están utilizando figuras corporativas poco transparentes para el lavado de dinero y están complicando a las autoridades su rastreo.

Esquemas corporativos, como empresas, fideicomisos y otro tipo de entidades jurídicas están siendo utilizados para ese ilícito, así como para el financiamiento al terrorismo, debido a que no existe información transparente y confiable de los propietarios legales y beneficiarios, advirtió el grupo antilavado al que pertenece México.

Señaló que la fuente de los activos de las empresas creadas a través de esas figuras corporativas, y sus actividades, no están disponibles para las autoridades, y la delincuencia los aprovecha para lavar dinero.

El Gafi destacó que a veces es muy difícil para las autoridades identificar a la persona física o los bienes que verdaderamente posee, y el control que tienen sobre una sociedad, fideicomiso u otro en particular cuando se tiene información que involucra a varios países.

De ahí la necesidad de que los países cuenten con toda la información sobre el verdadero propietario legal de las empresas y los
beneficiarios.

Por esa razón, el grupo que tiene el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo emitió una guía de orientación para ayudar a los países a identificar con mayor precisión si la empresa sirve para otros fines, como el blanqueo de activos.

La guía del Gafi fue elaborada con la participación de expertos del sector privado en esos temas, así como en corrupción, y tiene el propósito de apoyar a los responsables de elaborar políticas antilavado y profesionales para identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas para prevenir el uso indebido de esquemas corporativos.

Para el Gafi los corporativos juegan un papel esencial en la economía global, porque realizan diversas actividades comerciales y empresariales legítimas; sin embargo, también han sido mal utilizadas por los delincuentes para ocultar y blanquear el producto de sus actividades ilícitas.

La Tercera Convocatoria de Licitación de la Ronda Uno incluye 26 campos terrestres para la explotación de hidrocarburos. El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, señaló que generará inversiones por 620 millones de dólares durante los primeros cinco años.

Sin fines de lucro

Por otro lado, el grupo también alertó a los países para que pongan mucha atención en las organizaciones sin fines de lucro, porque las redes terroristas las pueden aprovechar para otros objetivos.

Si bien tienen propósitos diferentes, afirmó que a menudo se basan en capacidades logísticas similares, como recaudación de fondos por boteo en las calles, material, personal y la influencia pública, que son recursos claves para las organizaciones no lucrativas; pero los terroristas buscan los mismos recursos para promover su causa e ideología y quieren beneficiarse de éstas ante el alto nivel de confianza que les tiene el público, y eso las hace vulnerables.

Recordó que una de las nueve recomendaciones especiales emitidas por el Gafi en materia de antiterrorismo, y que deben atender los países miembros, es que revisen las leyes, para asegurar que estas organizaciones sin fines lucrativos no sean aprovechadas para el financiamiento de actos extremistas.