18 de Septiembre de 2018

Tardaron 98 días en abrir puertas de Pemex a extranjeros

Con la aceptación del total del paquete de Reforma Fiscal y Hacendaria las leyes fueron enviadas al presidente Peña Nieto para su promulgación.

El pleno de la Cámara de Senadores durante la sesión en la que fue aprobada el total del paquete de Reforma Fiscal y Hacendaria en materia energética. (Notimex)
El pleno de la Cámara de Senadores durante la sesión en la que fue aprobada el total del paquete de Reforma Fiscal y Hacendaria en materia energética. (Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Con el voto de los senadores del PRI, PAN y Partido Verde, el pleno del Senado aprobó ayer, sin cambios, el total del paquete de Reforma Fiscal y Hacendaria en materia energética y lo envió al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación y entrada en vigor, a fin de que la riqueza petrolera contribuya al desarrollo del país y sea el Fondo Mexicano del Petróleo, ya no la Secretaría de Hacienda, quien la administre.

Así, después de 201 horas 15 minutos de debate en sus plenos y 98 días, el Congreso de la Unión concluyó el envío de nuevas leyes y reformas de ley al Ejecutivo federal, quien podrá promulgar la nueva etapa de la industria energética nacional a partir de este jueves, a fin de que comience a caminar la construcción de condiciones para la entrada de competidores extranjeros en extracción de petróleo, gasolina, y gas LP o gas shale, con las reglas para que paguen el uso superficial por exploración, el porcentaje de sus utilidades y 65 por ciento de impuestos.

La Reforma Energética implica un movimiento en la hacienda pública y en las reglas de coordinación fiscal; por eso, con el voto en contra de la izquierda, que esta vez llevó una figura de cartón del expresidente Lázaro Cárdenas, el pleno del Senado aprobó las modificaciones que cambian los porcentajes de distribución a las entidades federativas, crea nuevos derechos para la industria petrolera y libera a Pemex de la histórica carga fiscal que tuvo durante toda su existencia como principal promotora de recursos para el país.

El jueves por la noche, la Cámara de Diputados envió al Ejecutivo federal el primer dictamen de la Reforma Energética, referente a las reglas de operación de las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE), que con los árbitros de la competencia de petróleo, gas y energía eléctrica, según publica el sitio web excelsior.com.mx.

El lunes, el pleno del Senado envió al Ejecutivo federal los tres dictámenes restantes que junto con los órganos reguladores, integran la Reforma Energética.

Fue la noche del martes cuando el Senado le envió el dictamen referente a los cambios fiscales en materia energética y anoche envió las adecuaciones en materia hacendaria, así como la en materia de deuda pública.

El lunes, el Senado concluyó un proceso de 96 días de discusiones constantes para concretar la Reforma Energética; y ayer concluyó la aprobación de los dos dictámenes enviados por la Cámara de Diputados de reforma fiscal y hacendaria en materia energética, que prolongó el debate en el pleno dos días más, con lo cual fueron un total de 98 días que el Senado dedicó al análisis, modificación, debate y aprobación de las la reforma energética y de los cambios hacendarios y fiscales como efecto de ella.

Los tiempos en el pleno

El Senado, de acuerdo con información de la Mesa Directiva, consumió 112 horas 45 minutos de discusión en el pleno; 21 horas 21 minutos para concretar la Reforma Energética en diciembre pasado, los días 9 y 10 de diciembre del año pasado; 63 horas 21 minutos del 17 al 21 de julio del periodo extraordinario para aprobar los primeros cuatro dictámenes que mandó a la Cámara de Diputados y 28 horas cuatro minutos del 4 al 6 de agosto, para procesar los cambios hechos a las minutas que le devolvió la Cámara y para avalar los dictámenes.

A su vez, la Cámara de Diputados destinó 15 horas a la discusión en su fase constitucional, en diciembre pasado y 73 horas 40 minutos que dedicó del 28 de julio al 2 de agosto para aprobar todas las leyes reglamentarias.

El Congreso procesó los cambios que acaban con 76 años de nacionalismo petrolero representado por Pemex y 54 años de dominancia en el mercado eléctrico por parte la CFE, para transportarlas de paraestatales a empresas productivas del Estado.

La nuevas reglas abren a la competencia el expendio al público de gasolinas, gas y energía eléctrica; los particulares podrán hacer transporte, generación y distribución de energéticos; se crean programas de apoyos focalizados a los mexicanos más pobres en zonas urbanas y rurales en materia de energía eléctrica y gas LP; se castigará el robo de luz con diablitos o negativa a la medición del consumo.

Además, se elimina la figura de expropiación de tierras y se crea la ocupación temporal de tierras; la CNH y CRE adquieren una figura de mayor autonomía.

De igual forma, nacen el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el Desarrollo. Fideicomiso encargado de administrar y fomentar la riqueza.

Sanean finanzas de sindicatos

El Estado absorbe parte de los 1.5 billones de pesos de los pasivos laborales de Pemex y de CFE.

En medio de la constante crítica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la ausencia del dirigente del sindicato petrolero, el senador Carlos Romero Deschamps, el pleno del Senado aprobó anoche el saneamiento financiero de Pemex y CFE, para que el Estado absorba parte de los 1.5 billones de pesos de los pasivos laborales que tienen, con la condición de que negocien nuevos esquemas de jubilación.

El objetivo, explicaron los legisladores, es lograr que ambas empresas tengan la seguridad financiera que requieren para asociarse con las empresas privadas internacionales.

Aunque todas las partes coincidieron en la necesidad de respaldar a Pemex y CFE, la izquierda argumentó que el esquema de rescate financiero sólo busca cubrir los fraudes cometidos por la dirigencia sindical de Pemex, mientras que PRI, PAN y Partido Verde insistieron en que es un procedimiento necesario para que ambas empresas tengan atractivo para ser consideradas para asociarse con empresas internacionales.

En el momento más álgido de todas las 201 horas 15 minutos que duró el debate en el pleno del Senado, tanto para concretar la reforma energética como ahora para concluir todo el entramado de la reforma secundaria, el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, llevó a tribuna lo que Excélsior reveló la semana pasada, que Cuauhtémoc Cárdenas fue el promotor principal, desde 2012, de que el estado asuma los pasivos laborales de Pemex y CFE.

La participación de Penchyna en la tribuna provocó participaciones fuertes de los senadores perdistas Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles y Fernando Mayans, al grado que llegaron a la ofensa familiar, por Robles hizo referencia a la familia de Penchyna y eso generó un momento de mucha tensión, lo cual llevó a Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, a exigir respeto y a Luis Miguel Barbosa, líder de los perredistas, a pedir también respeto, pero a ofrecer disculpas a Penchyna por parte de todo el grupo parlamentario.

Pese a que se trató del tema más polémico que afecta de manera directa al sindicato petrolero, incluso la madrugada del sábado generó en la Cámara de Diputados que el legislador Ricardo Aldana, tesorero del Sindicato, subiera a la tribuna de San Lázaro a solicitar mesura en ese tema, que pide al gremio acordar un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones el próximo año, porque una ley no pude incidir en el contrato colectivo de trabajo, ayer el líder máximo de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, senador, se ausentó de la sesión.

El pleno del Senado rechazó ayer todas las propuestas de modificación presentadas por el PRD y por el panista Raúl Gracia y respaldó la decisión de la Cámara de Diputados y el gobierno federal para que la administración pública federal asuma el pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex, que asciende a un billón 119 mil 208 millones de pesos, y de la CFE, que llega a 451 mil 788 millones de pesos, comprometidos con 116 mil 451 jubilados y pensionados, así como con 223 mil 760 trabajadores en activo.

Estableció que los sindicatos de ambas empresas tienen que negociar los nuevos términos de sus contratos colectivos para que sus sistemas de pensiones y jubilaciones se ajusten “a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal”.

Avaló la disposición en el régimen transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite los fondos de pensiones de Pemex y CFE, para que proceda a fincar responsabilidades correspondientes a los responsables de las irregularidades que detecte.

Con el voto de los senadores del PRI, PAN y Partido Verde, el Senado respaldó los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Pública para dejar en claro que el gobierno federal saneará parte de las finanzas de Pemex y CFE, pero no respecto a todos los pasivos, sino únicamente los laborales, que son los relacionados con los pensionados y jubilados.

De acuerdo con la información oficial de las dos empresas, el pasivo laboral de Pemex es de un billón 119 mil 208 millones de pesos, y que es una estimación o cálculo actuarial del total de pensiones que Pemex paga y deberá pagar a sus trabajadores cuando se jubilen; “el pasivo laboral no es una deuda exigible de inmediato, por ello se denomina contingente, debe ser garantizada por el deudor, idealmente, mediante la creación de un fondo de previsiones laborales”.

CFE tiene un pasivo laboral de 451 mil 788 millones de pesos, con 70 mil 527 trabajadores en activo y 40 mil 599 trabajadores jubilados; estos últimos implican una erogación de 13 mil 381 millones de pesos; aclara que desde 2008 la CFE modificó su esquema de pensiones, por lo que los trabajadores contratados a partir del 19 de agosto del 2009 ya tienen cuentas individuales.

Ratifican plan contra “crisis”

El Senado avaló ayer la propuesta presidencial aprobada por la Cámara de Diputados de que tanto Pemex como CFE, que dejan de ser paraestatales para ser empresas productivas, contribuyan a “mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público”.

De igual forma, avaló el plan anticrisis que contiene la reforma hacendaria en materia energética y la obligación de los estados de que el dinero excedente que se les entregue por concepto de las ganancias petroleras se canalice al saneamiento de su déficit de los programas de pensiones y jubilaciones.

La reforma consumada ayer, referente a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, precisa que “el gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario. Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

El Senado aprobó con el voto mayoritario de tres fuerzas políticas, contra el voto del PRD y el PT, que si bien los estados tendrán más recursos provenientes de la riqueza petrolera, estarán obligados por ley a canalizar parte de ese dinero a contener la inminente crisis por sus sistemas de pensiones y que de acuerdo con estimaciones de especialistas rebasa los 1.5 billones de pesos, tan sólo en burocracia y magisterio.

Los cambios a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ordenan que “una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo... los ingresos excedentes serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades”.

La reforma tiene un mecanismo que se aplicará en caso de que México entre en una crisis económica, asociada con una caída del PIB, de los ingresos petroleros o en la recaudación de impuestos.

Es un mecanismo que ordena primero que en caso de que se terminen los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, los fondos que se destinen a las áreas de comunicación social, gastos administrativos y los servicios personales deberán ajustarse a la baja para canalizarlos a programas de empleo temporal.

En caso de que no funcione y el país registre una caída del PIB, se usarán las reservar del Fondo Mexicano del Petróleo.

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