Alejandra Arteaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Cámara de Diputados acotó este miércoles el fuero para que los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados en tribunales civiles por delitos del fuero común, lo que representa un avance en materia de derechos humanos, explica Daniel Márquez, miembro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"La aprobación de la reforma al fuero militar es benéfica porque el país cumple con sus obligaciones en tratados internacionales en materia de derechos humanos", aseguró el doctor Márquez.

"Manda un mensaje a los sectores del país de que se busca su protección y ayuda a reprimir una posible impunidad", indicó.

Explica que la parte más importante de la reforma son las modificaciones a la fracción II del artículo 57 del código que ahora "establece que cuando una persona que no pertenezca al Ejército, a la Armada o la Fuerza Aérea esté involucrada en algún asunto de las autoridades militares" el caso se lleve ante la justicia civil, cuando antes era resulto en tribunales militares.

Respecto a la forma en que se acota el fuero, el investigador dijo que en los delitos contra la disciplina militar, que establece el reformado artículo 57, pueden ser juzgados por tribunales militares "con la excepción de que la víctima o quien tiene a su disposición legal el bien jurídico sean civiles, en esos casos no se actualiza el fuero militar".

El investigador Daniel Márquez afirma que esta reforma no limita el poder de las fuerzas armadas como se piensa, porque no es "restrictivo de ningún mecanismo o proceso asociado a la disciplina militar" y aclaró que lo que sí tiene son efectos positivos en el resguardo de los derechos humanos.

"Lo que hace la reforma es colocar una especie de atención a un tema que desde hace muchos años venía impactando en la doctrina del derecho militar mexicano, que es destacar de manera clara, cuál es el papel de un Ejército, de Armada, de una Fuerza Aérea en un estado de derecho que se dice democrático: actuar siempre cuidando tanto a la constitución como a las leyes, ejerciendo sus funciones, y protegiendo en el máximo de lo posible a los ciudadanos, a los cuales sirven", dijo.

E final de una lucha

El proceso de la reforma del Código de Justicia Militar en el Senado ha sido cuidadoso, ha buscado la activa participación de la sociedad civil y de organismos internacionales en la construcción de la reforma al Código de Justicia Militar, explica Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sin embargo, el representante refiere que la reforma está en la parte final de una lucha en materia de derechos humanos que ha trascurrido a nivel mundial desde hace varios años y de las recomendaciones que han emitido organismos internacionales al país.

"No ha sido sólo un proceso técnico- jurídico, ha sido un proceso hecho a partir de una serie de litigios generados a partir de la violaciones concretas de derechos humanos. Es producto directo de hechos dolorosos, que se espera que con esta legislación no se repitan nunca más", explicó.

Sobre el origen de esta reforma, el representante dijo que hay una serie de elementos multifactuales que la crearon, uno de ellos logra detonar una hoja de ruta para la reforma jurídica específica que es el caso Radilla.

En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió un fallo contra el Estado Mexicano a partir del caso Rosendo Radilla, un mexicano que en 1974 fue víctima de desaparición forzada.

"Porque éste logra una victoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia que es tomada por la Suprema Corte de Justicia de México, en el sentido de su cumplimiento, produciendo un mandato para que el estándar de derechos humanos se introduzca en el artículo 57 del Código", aseguró.

El representante aseguró que el proceso aún no termina, pues dijo que el siguiente paso es "ver de cerca, cómo hacer el seguimiento de la implementación y el apego estricto irrespecto a lo que hoy sea el cambio de la ley".

Aseguró que una señal positiva "se ha abierto un proceso de declinación de jurisdicción" en las instituciones militares, lo cual es una señal de que las propias instituciones reconocen que con la sentencia de la Corte Interamericana y la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no "hay margen de que se deban seguir teniendo casos de víctimas civiles bajo el fuero militar".