Antonio Baranda

MÉXICO.- México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), advirtió que la regulación de la mariguana aprobada por la Cámara de Diputados incumple con el mandato de la Corte de eliminar la prohibición y regular todas las acciones necesarias para acceder al consumo. 

Por lo tanto, hizo un llamado al Senado a corregir el dictamen y cumplir con el mandato de la Corte, para que se deje de criminalizar usuarios y se evite que la policía y otras autoridades persigan administrativa y penalmente la posesión del enervante.

"Aunque la SCJN fue clara y ordenó al legislativo eliminar dicha prohibición y regular todas las acciones necesarias para acceder al consumo, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados incumple con este mandato", sentenció en un comunicado.

"Con ello, se pierde la oportunidad de dejar de criminalizar usuarios (...) y reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de otros delitos que sí dejan víctimas. Hacemos un llamado al Senado de la República a corregir el proyecto y cumplir con el mandato de la SCJN".

La organización, que desde hace años trabaja por reformar la política de drogas en México y reorientar los esfuerzos de seguridad, lamentó que el resultado incumpla lo ordenado desde 2019 y mantenga la criminalización de los usuarios.

Se perpetúa el castigo penal a campesinos 

Contrario a la solicitud de la Corte, alertó MUCD, el dictamen sólo modifica la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambia las cantidades que se considerarán narcomenudeo y narcotráfico.

"Con ello, mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa", apuntó.

"Además, el simple aumento de las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a las personas por apariencia sospechosa".

MUCD hizo notar que el dictamen tampoco elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen a este como actividad primordial.

"De esta manera perpetúa la marginación y el castigo penal de nuestros campesinos; las personas más afectadas por la prohibición y a quienes deberíamos integrar al mercado legal, no mantener en la ilegalidad", criticó.

"Después de todo no debemos crear un mercado legal que priorice solo el beneficio económico de quienes participan en la venta mientras excluye a otros actores menos aventajados".

Esta organización impulsó un litigio estratégico y, gracias al denominado caso "Smart", la Corte resolvió que la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal es inconstitucional y ordenó al Congreso cambiar la ley antes del 30 de abril de 2021.

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