Víctor Hugo Michel/Milenio
MÉXICO, D.F.- La tendencia de grupos criminales a desaparecer mexicanos ha disminuido ligeramente, pero a poco más de un año del cambio de gobierno se mantiene. 

El crimen organizado busca deshacerse de personas en fosas clandestinas, una táctica que no sólo equivale literalmente al borrado de un individuo, sino que en su peor expresión representa una herida permanente. Abre la peor duda: la ubicación final de cientos de víctimas.

En los últimos 7 años, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico y el ascenso de crímenes violentos, 724 hombres y mujeres —delincuentes, militares, policías, migrantes, víctimas de secuestro o testigos— fueron desaparecidos y enterrados en secreto a lo largo y ancho del país, cifra que por supuesto es inferior a la real, porque no hay cálculos de cuántos cuerpos falta por descubrir.

Al cierre de 2013, en el primer año de Enrique Peña Nieto, la cifra de restos humanos recuperados por autoridades federales llegó apenas a 169.

Deshonrosos primeros lugares

Las estadísticas marcan que tres estados encabezan la práctica de enviar personas al olvido de las tumbas. Se trata de Tamaulipas, Durango y Jalisco, donde 460 cadáveres han sido desenterrados desde 2007 y particularmente desde 2011, cuando la cifra de cuerpos exhumados en fosas escaló hasta tres dígitos. 

A la fecha, se ha logrado encontrar al menos cuatro fosas masivas, verdaderos centros de desaparición que han llegado a contener los restos de medio centenar de personas cada una.

Una investigación documental de Milenio, realizada con base a solicitudes de transparencia a corporaciones policiacas y de justicia federales, así como a instituciones militares, revela que si bien ha disminuido con relación a los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, la utilización de la fosa clandestina como método de eliminación no ha sido erradicada. Por el contrario, es un mecanismo de supresión de evidencias empleado en prácticamente todas las entidades en años recientes.

La indagatoria, para la cual se construyó una base de datos a lo largo de un año, permite actualizar parte de las cifras presentadas por este diario en el reportaje "Los borrados del narco" (Milenio 12/11/2012), en el que se inició el conteo de personas a las que se intentó eliminar por distintas vías, desde la disolución en ácido y la destrucción de huellas dactilares, hasta la inhumación secreta.

De las fosas a la incineración

En aquella ocasión, al desglosar los datos se determinó que en México el más socorrido de los métodos empleados para desaparecer cuerpos es la fosa clandestina, seguido por la incineración. Un año más tarde, sigue la tendencia.

En su conteo de 2012, este diario dio a conocer que 329 cadáveres habían sido enterrados en tumbas irregulares desde 2007; sin embargo, esa cifra debe revisarse.

Las corporaciones consultadas cuentan con registros adicionales que permiten dar una suma actualizada: 538. Es el total de personas que fueron enterradas en secreto entre 2006 y 2012, la mayoría en 2011, cuando 348 cuerpos fueron descubiertos en distintos puntos del país.

Primer año de Peña

Con cifras actualizadas hasta diciembre de 2013, en el primer año del gobierno de Peña un total de 169 cuerpos fueron rescatados de fosas descubiertas con base en denuncias anónimas, investigaciones o confesiones criminales. 

Algunas son pequeñas, como las halladas en Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí, cuyo contenido oscila entre dos y tres cuerpos. Otras son verdaderamente masivas. Es el caso de Jalisco, donde a última cuenta 67 cuerpos habían sido desenterrados por agentes ministeriales federales. (Al cierre de este reportaje dos nuevas fosas fueron descubiertas en Michoacán y Morelos. Los cuerpos no están incluidos en este conteo).

La investigación permite delinear ciertas tendencias que se establecen irrefutables. Por ejemplo, Tamaulipas es, sin duda, la entidad donde más prevalece la táctica de desaparecer cadáveres, una estrategia usada tanto por el cártel del Golfo como por Los Zetas. Este estado acumula 40 por ciento de todos los cuerpos descubiertos el último lustro.

Los datos presentados han sido contabilizados por la PGR, la Sedena y la Policía Federal. En el caso de la PGR, se trata del número de indagatorias abiertas por fosas comunes vinculadas al crimen organizado, mientras que en lo que toca a la Sedena y la PF, son cifras contabilizadas por sus elementos cuando encuentran cadáveres durante patrullajes.

Disminución y aumento de casos

Algunos estados reportan notable disminución en el número de cuerpos hallados en fosas. Por ejemplo, Durango pasó de 45 cadáveres en 2011 y 71 en 2012, a solo uno en 2013. Por el contrario, otros han sufrido aumentos importantes, como el Edomex y Guanajuato, que durante buena parte del sexenio anterior tuvieron cifras un dígito, para pasar en 2013 a 15 y 11 cadáveres, respectivamente. En el caso mexiquense, todo apunta a que se trata de las víctimas del bar Heaven de la Ciudad de México.

A la par, en Morelos también se ha incrementado el uso de fosas clandestinas. Mientras que en 2010 y 2011 solo se contabilizó un caso cada año, en 2012 se pasó a cinco y para 2013 la cifra llega a 14.

Pero si un dato permite establecer el ascenso de esta práctica a escala nacional en el último lustro es el de su extensión geográfica; de las 32 entidades federativas, en 25 se han descubierto fosas clandestinas. 

En 2013, 15 estados reportaron este tipo de hallazgos.