26 de Septiembre de 2018

México

Respetar derechos femeninos, obligación del Estado

En un país donde se violan de manera sistemática los derechos de las mujeres, es preocupante la pretensión del PRI.

“La Constitución no reconoce todos los derechos, por ello existen los acuerdos globales, para ampliarlos”. (Milenio/Archivo)
“La Constitución no reconoce todos los derechos, por ello existen los acuerdos globales, para ampliarlos”. (Milenio/Archivo)
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Anayeli García Martínez/Milenio
MÉXICO, D.F.- Ydalia Pérez Fernández Ceja, abogada y especialista en argumentación jurídica en derechos de las mujeres, asegura que la iniciativa del diputado federal Francisco Arroyo Vieyra, para otorgar supremacía a la Constitución por sobre los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH), es una propuesta que carece de técnica legislativa y jurídica, y que “no tiene razón de ser”.

En entrevista, la investigadora y pasante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sostiene que la reforma que pretende acotar los alcances de los cambios constitucionales en materia de DH de 2011 perjudica sobre todo a las mujeres, ya que acota sus derechos en lo establecido en la carta magna.

Según el diputado, que pertenece a las filas del PRI, la iniciativa trata de resolver la “contradicción” entre la Constitución y los acuerdos internacionales, pero Ydalia Pérez advierte que no hay tal problema y recuerda que las normas modificadas necesitan tiempo para ser plenamente aplicables y comprendidas por la ciudadanía.

“No se trata de eliminar una norma cada vez que comience a tener madurez. Esa es una premisa incorrecta. No podemos decir ‘me cuesta trabajo interpretar el derecho a la salud, vamos a quitarlo porque no lo entiendo, o porque no lo saben interpretar’. Eso no tiene lógica”, explica.

En opinión de la especialista, la iniciativa de Arroyo Vieyra elimina lo ganado con la reforma de junio de 2011, que dotó a la Constitución de una cultura obligada de los DH al establecer que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos autónomos y todas las autoridades están obligados al respeto de las garantías fundamentales.

“Esto ayudó mucho porque al encontrarse como un deber constitucional cambia, trasciende, impacta de manera distinta”, agrega.

Preocupación

Es preocupante que se promueva una iniciativa que de ser aprobada obligaría a México a dejar de aplicar un tratado internacional cuando considere que se contradice a la Constitución, un supuesto que, a decir de la experta, está mal planteado.

Pérez Fernández señala que los tratados internacionales ayudan a ampliar el espectro protector de los DH, porque gracias a ellos podemos retomar jurisprudencia internacional o las resoluciones e interpretaciones de organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Como ejemplo, menciona que se pueden retomar las resoluciones de la CoIDH sobre el derecho a la vida de las mexicanas que son asesinadas por ser mujeres, o bien el derecho femenino a fundar una familia a través de la fecundación in vitro.

Indica además que para las mujeres es importante que México siga reconociendo los pactos internacionales, toda vez que tanto en la ONU como en el Sistema Interamericano de DH hay tratados y acuerdos enfocados a proteger a las niñas y las mujeres.

Entre los pactos más importantes están la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

“Los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución, sin la aplicación de la CEDAW y Belém Do Pará, no protegen a las mujeres”, subraya Ydalia Pérez.

Otro ejemplo es que el derecho a la salud de las mexicanas está garantizado en el artículo cuarto constitucional, pero es insuficiente porque hay que recurrir a esos dos tratados internacionales para especificar que las mujeres tienen derecho a la salud sexual y reproductiva o a la seguridad social.

Con todo esto debemos tener claro que la CEDAW no puede quedar por debajo jerárquicamente de la Constitución, “porque en ese momento me están restringiendo mis DH por ser mujer, eso sería muy grave”, alerta la especialista.

Expone que la Constitución no reconoce todos los DH de las mujeres y por ello existen los acuerdos globales que los amplían y contienen menciones expresas sobre igualdad, calidad de vida, no discriminación, desarrollo pleno, ciudadanía, acceso a la educación o vida libre de violencia.

Pérez Fernández aclara además que con o sin la reforma en materia de DH de 2011, el Estado mexicano ya tenía la obligación de respetarlos y protegerlos, es una obligación que siempre ha existido. “Al momento en que México ratifica un tratado internacional, inmediatamente entra esta obligación”, recuerda.

No obstante, reconoce que la defensa de los DH es una lucha constante: “Es pelearte con el Estado por los actos que consideras que te vulneran. Por eso es importante estar muy conscientes de que los derechos son exigibles a todas las autoridades, no es una elección, sino una obligación del Estado”.

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