Abel Barajas                                     

Ciudad de México.- Por tercera ocasión en menos de dos meses, un juez federal rechazó admitir el amparo con el que Rosario Robles pretende conseguir la prisión domiciliaria, en el proceso que le iniciaron por el caso de la llamada Estafa Maestra.

Esta vez fue Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien descartó tramitar la demanda de garantías, argumentando que no cumple con las características de "caso urgente" para ser atendido durante la emergencia sanitaria.

Desde el cierre de las actividades jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido acuerdos para señalar cuáles son los casos "urgentes" que deben ser atendidos por los juzgados de distrito y tribunales de circuito durante la pandemia.

Los lineamientos, que han venido ampliando el catálogo de asuntos de trámite durante el transcurso de la emergencia, consideran que en materia penal los casos que serán tramitados son aquellos donde exista peligro de privación de vida o ataques a la libertad fuera de procedimientos legales.

También, las demandas contra actos de incomunicación, desaparición forzada y cualquier otra violación grave de garantías constitucionales.

Del Poder Judicial de la Federación, el Juez Mejía se apegó a esta normativa y decidió no admitir el amparo de Robles dado que, para los casos que no son de urgencia, los plazos y procedimientos están suspendidos por la emergencia del Covid-19.

Lo que significa que la extitular de la Sedatu y la extinta Sedesol podrá presentar y litigar su amparo hasta el 16 de julio próximo, cuando se tiene programada la reapertura total del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando el CJF no postergue ese plazo.

Robles ha intentado infructuosamente llevar su proceso penal fuera del Penal de Santa Martha Acatitla; no obstante, que está imputada por un delito que no amerita prisión preventiva de oficio.

Está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, vinculada a un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En este expediente le imputan la supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol por una suma de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.