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CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro inmediato de Rosario Robles se decidirá dentro de los próximos tres días, luego que el juez Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia Penal, fijó para ese plazo su decisión sobre revocar o no la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de este martes en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga reiteró su inocencia y afirmó: "el daño que me han hecho es muy grave".

“Soy inocente, he actuado con respeto y confiado en el Poder Judicial, y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Solo pido justicia su señoría”, expresó la exsecretaria de Desarrollo Social.

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La medida de prisión preventiva fue impuesta por el juez de control Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto, bajo el argumento de que había el riesgo de fuga de la exfuncionaria vinculada con la llamada "Estafa Maestra" durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Robles se considera rehén

A través de una carta, dada a conocer el mes pasado, Robles Berlanga consideró que se encuentra en calidad de rehén porque el delito del que se le acusa no es grave y, en tanto, podría ameritar otras medidas cautelares que no sacrifiquen su libertad.

Además, afirmó que no se ha podido probar que “yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo” y, mucho menos, “declarado culpable de nada en el ámbito penal.

“Seguiré luchando contra esta injusticia y persecución de la que soy objeto. A la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas. Así lo haré. Porque sin derechos humanos y debido proceso no puede haber justicia”, se lee en la carta.

A Rosario Robles se le acusa, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, de un presunto desvío millonario cometido en la Secretaría de Desarrollo Social y, posteriormente, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, relacionados con el caso conocido como “La estafa maestra”, en el que dependencias gubernamentales desviaron recursos a través de universidades.

Se trata de la primera exfuncionara del gobierno de Enrique Peña Nieto en enfrentar la justicia mexicana por un tema de corrupción.