19 de Octubre de 2018

México

Se equivocan quienes piden cárcel por bullying

El problema debe combatirse de manera interdisciplinaria, indica la legisladora Verónica Juárez.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez indica que es necesario investigar primero cuáles son las causas del acoso escolar. (Archivo/SIPSE)
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez indica que es necesario investigar primero cuáles son las causas del acoso escolar. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Es a través del diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas como se puede atacar de raíz el bullying y no confinando a niñas o niños en las cárceles, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.

Por ello, consideró que se equivocan quienes proponen castigar el bullying con cárcel, según cita Notimex.

Indicó que el primer paso es la prevención, pero en los casos de acoso escolar de inmediato se deben implementar acciones para identificar cuáles son los motivos y las causas que lo generaron, y si la conducta del alumno obedece a otras razones se requiere brindarle de manera inmediata la ayuda psicológica pertinente.

”El asunto no es de fácil solución, porque el tema se tiene que enfrentar desde todos los espacios de convivencia de las niñas, los niños y los adolescentes, empezando desde el entorno familiar, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación”, apuntó

Dio a conocer que presentó la iniciativa de Ley General de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como fin abordar el problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de manera integral, contemplando todos los entornos en la que la que la misma puede producirse y a la vez facilitando instrumentos jurídicos que permitan su prevención, erradicación y combate.

Atención interdisciplinaria

Consideró que este problema se debe atender de manera interdisciplinaria, donde no sólo participe la Secretaría de Educación Pública, sino otras dependencias como las secretarías de Gobernación y de Salud, instituciones públicas y privadas, académicas y académicos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, y por supuesto el Congreso de la Unión donde se parta de estudios y diagnósticos.

Incluso, apuntó, habrá que pensar en la creación de un apartado en los libros de educación cívica que atienda, informe y eduque a los niños y niñas en el respeto a sus compañeros.

Señaló que un ejemplo claro de la violencia generalizada a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes, se manifiesta particularmente las televisoras, en cuya programación manejan un amplio contenido de violencia, que en muchas ocasiones imitan los menores de edad.

La diputada perredista mencionó como un paso importante que las autoridades educativas de las 31 entidades federativas firmaran un convenio de coordinación para facilitar el combate a la violencia en las escuelas, así como el impulso de 15 acciones inmediatas para la atención de este tema, en todos los planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

En dicho documento, propuso, “se podría incluir el desarrollo campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social y elaborar estudios nacionales, estatales y regionales respecto del problema de la violencia escolar para identificar escuelas con mayor incidencia y proponer soluciones”.

Responsabilidad conjunta

Así también, saludó las iniciativas sobre el tema que han sido propuestas por la sociedad civil, al tiempo que consideró que es necesario unificar y coordinar esfuerzos.

“Es responsabilidad del Estado, de las madres, padres y tutores, profesoras y profesores, las escuelas, así como de la sociedad en conjunto, con la participación de niñas, niños y adolescentes respetar y garantizar los derechos de éstos y éstas consignados en la Constitución.

“De igual manera, en las normas que protejan derechos humanos en los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y demás ordenamientos legales aplicables, a fin de que puedan disfrutar de una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado” finalizo.

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