Agencias
MÉXICO, DF.- Los grupos de autodefensa se expanden por el país: abarcan ya a 68 municipios de 13 estados de México y comienzan a convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno, que teme sean infiltrados por bandas de delincuentes.

Aunque su propósito parece loable -defender a sus comunidades de la embestida de organizaciones criminales, dedicadas a la extorsión o a explotar recursos naturales- la Comisión Nacional de Derechos Humanos y especialistas han alertado sobre el riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares al estilo de Colombia.

En los últimos tres años tomó fuerza el fenómeno de la autodefensa en el país, pero las autoridades hasta ahora no saben cómo lidiar con el problema.

En lugar de desalentarlos, algunos gobiernos estatales han permitido que se multipliquen, a pesar de que son cada vez más las voces de preocupación de organismos civiles y especialistas que advierten sobre los riesgos de estimular su expansión.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por ejemplo señaló a través de su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani, que los grupos de autodefensa son el claro ejemplo de que las autoridades han sido "rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales".

Sin embargo, dijo que el remedio "no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional".

El empresario llamó a los gobiernos de los estados y municipios donde se ha presentado el fenómeno, así como al Gobierno federal, a "unir fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brindando protección efectiva a la población".

"La reacción debe de ser rápida y firme, poniendo por delante la legalidad, la seguridad y los derechos humanos", expuso.

"No puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos". CCE

Los propios grupos de autodefensa han empezado a entrar en disputa con las policías comunitarias, que son organizaciones más legítimas, surgidas de las leyes ancestrales de las comunidades indígenas.

El nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, propuso "un análisis serio sobre los grupos de autodefensa" y "distinguirlos" de las Policías Comunitarias que existen con un marco legal en los estados.

"Por algo está ocurriendo, es algo que es una verdad, algo que está pasando, ese algo tenemos que analizarlo con cuidado (.) Es un asunto mayor y hay que ocuparse de inmediato, lo antes posible", dijo.

Al menos tres grupos son los que han obligado a las autoridades a presentar denuncias penales en Guerrero.

En dos casos, ocurridos en Ayutla y Tixtla, las querellas fueron por homicidios dolosos y en una tercera, en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por despojo de patrullas y armas a la Policía municipal.

Algunos gobernadores justifican esta explosión de descontento como una forma de organización derivada de "usos y costumbres" de comunidades indígenas, pero la Constitución prohíbe restringir las libertades de tránsito o la justicia por mano propia.

(Con información de ANSA Latina)