Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal afirmó que el número de denuncias presentadas ante la CNDH por tortura y otras violaciones se han "reducido notablemente", gracias a que se han implementado medidas y propuesto leyes que contribuyen a erradicar estos delitos.

Esto luego de que el informe del relator especial de Naciones Unidas, Nils Melzer, señalara que éstas son prácticas generalizas entre "las fuerzas de seguridad y agentes de investigación" para "obtener confesiones o como método de castigo", informa Milenio.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que la información sobre delitos de lesa humanidad en el país no son parte del Informe de seguimiento sobre tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que dichas afirmaciones no son más que "las opiniones personales y sin fundamento, que fueron expresadas por algunas personas".

El gobierno federal  destacó la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, de la PGR; la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, y la visita a México del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura. 

Inseguridad e impunidad

A pesar de lo anterior, el informe del relator especial de la ONU indica que los elementos de seguridad pública recurren con frecuencia a "la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica".

El mismo documento constata la existencia en México de "una situación de inseguridad e impunidad" y sostiene que "la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos".

Pero, añade el informe, "a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México".

Finalmente, el comunicado del gobierno federal reiteró su disposición a colaborar con el mandato del nuevo relator especial y reiteró su compromiso de "administrar la justicia pronta y expedita, con el debido respeto a los derechos humanos".