La percepción de seguridad que había caracterizado a Querétaro sufrió un duro golpe la noche del 9 de noviembre, cuando 10 personas fueron asesinadas en el bar ‘Los Cantaritos’, ubicado a pocas cuadras del centro de la capital del estado. 

Este hecho violento revela el impacto que tiene la cercanía de Querétaro con estados afectados por el narcotráfico, como Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. 

Aunque Querétaro no figura entre las entidades con mayor incidencia delictiva, la rivalidad entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha dejado huella en Guanajuato a través de asesinatos, coches bomba y narcomantas, finalmente alcanzó su territorio.

Como primera respuesta, el gobernador Mauricio Kuri declaró que no iban a permitir esta 'contaminación', y días después se reunió con Omar García Harfuch, titular de Seguridad Pública federal.

"En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República, aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder", aseguró el mandatario panista en un mensaje grabado y publicado en redes sociales.

Asimismo, comenzó una ola de clausuras de bares, sumando al menos 17, y los alcaldes de la región decidieron unirse para evitar un caso similar en lugares con tintes clandestinos debido a la omisión de permitirles estar abiertos.

Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo, consideró que lo ocurrido podría convertirse en un punto de inflexión si no se atiende con contundencia.

“Pareciera que hay una ausencia de fortaleza y articulación de los tres órdenes de gobierno en México y esos espacios de poder y control son los que van tomando estos grupos criminales”.

La entidad, según informes de inteligencia, no sólo podría ser afectada por estos dos cárteles, sino también por integrantes de ‘La Familia Michoacana’; incluso, apenas fue detenido un integrante de ‘Los Ardillos’, un grupo que en teoría sólo tiene influencia en Guerrero.

Ese 9 de noviembre, quedó registrado en cámaras cómo sicarios llegaron a bordo de una camioneta, ubicaron a Fernando González Núñez, ‘La Flaca’, líder del CJNG, y comenzaron el ataque que afectó a otros que, según familiares y allegados, nada tenían que ver con el mundo criminal, como lo son Fátima Ramos o Berenice López, jóvenes que buscaron divertirse ese día.

"Fátima se sentía triste por lo que decidió invitar a su prima a pasar un rato con ella y divertirse", explicó Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, al medio nacional Reforma.

De acuerdo con López, la mujer tenía 25 años y era conocida como una activista incansable por el derecho a la movilidad sostenible e, incluso, era la encargada de manejar las redes sociales de la asociación civil ‘Saca la Bici’.

"Bere era muy diferente. Es una gran pérdida. Perdí a una buena amiga", mencionó a ese medio un colega de la otra víctima.

El medio Reforma se encargó de describir cómo los ataques en bares durante este 2024 han sido más frecuentes de lo que se parece, con un registro de al menos 35 casos en 16 entidades, lo cual dejó un saldo de al menos 98 asesinados.

Las masacres contra líderes criminales, militares, policías ministeriales o en contra de civiles se registraron también en Guanajuato, Tabasco, Morelos, Aguascalientes, Yucatán, CDMX, Guerrero, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.

Con información de Reforma