Senado declara constitucional prisión preventiva oficiosa
La reforma al artículo 19 incluye extorsión y tráfico de fentanilo como delitos graves.
El Pleno del Senado de la República declaró este martes la constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta modificación, se incluyen delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, oficializó el decreto tras computar los votos favorables de 21 legislaturas estatales, entre ellas Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero y Veracruz, además de la Ciudad de México.
🔴#ÚLTIMAHORA El presidente de la Mesa Directiva del Senado, @fernandeznorona, emite declaratoria de reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa
— Canal del Congreso (@CanalCongreso) December 3, 2024
🔹Se remite a la Cámara de Diputados pic.twitter.com/QVFpkmhTrG
“Con esto se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa”, declaró Fernández Noroña.
La reforma, que ahora se remitirá a la Cámara de Diputados para su declaratoria final, permitirá que el Ministerio Público solicite a los jueces prisión preventiva para casos de extorsión, tráfico de fentanilo y delitos relacionados con precursores químicos y drogas sintéticas.
Asimismo, abarca actividades ilícitas que atenten contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y la falsificación de comprobantes fiscales.
Entre aplausos de legisladores de Morena, se destacó que esta medida busca fortalecer la capacidad del sistema judicial para combatir delitos de alto impacto que afectan la seguridad y la economía del país.
Diputados discutirá el decreto para finalizar el proceso legislativo
Sin embargo, la inclusión de más delitos en el catálogo de prisión preventiva ha generado debates entre expertos y organizaciones civiles, quienes señalan la necesidad de proteger los derechos humanos y garantizar procesos judiciales justos.
La Cámara de Diputados discutirá próximamente el decreto para finalizar el proceso legislativo, mientras el país observa con atención las implicaciones legales y sociales de esta reforma constitucional.
(Con información de Milenio)
